Aprobada la creación del Consejo de Seguridad Nuclear
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que sólo se introdujo una ligera variación técnica, propuesta por la Minoría Catalana. UCD se opuso sistemáticamente a las enmiendas, defendidas por socialistas y comunistas principalmente, quienes repitieron su disgusto por el contenido final de la ley. Sobre todo, los comunistas expresaron su radical disconformidad por boca de Ramón Tamames, quien afirmó que para la ley que ha quedado habría bastado con cambiar el nombre de la Junta de Energía Nuclear (JEN) por CSN.La primera discusión se centró alrededor del número de integrantes del CSN, que los socialistas deseaban que fuesen seis, mientras que UCD sostuvo el número de cuatro -como finalmente se aprobó-, aunque el proyecto del Gobierno recogía la cifra que ahora defendía el PSOE y los comunistas preferían diez consejeros. Javier Solana, por el PSOE, afirmó que al menos seis consejeros y un presidente sería lo necesario para que el organismo pueda tener una cierta pluralidad. Ramón Tamames, por el Grupo Comunista, se opuso a que el secretario general del Consejo sea nombrado por el Gobierno.
El principal debate se centró en el artículo quinto, que regula la forma de elección de los consejeros, y al que el portavoz socialista consideró como clave del proyecto. El PSOE mantuvo la tesis de que los miembros del Consejo no deben ser meros científicos, sino personas de la confianza del Parlamento, aunque solventes en la materia, mientras el PCE pidió que se reduzca el mandato de los consejeros de seis a cuatro años. Las tesis de la izquierda fueron rechazadas por UCD.
Asimismo se produjo un extenso debate en relación con el artículo diez, que regula las tasas que las empresas del sector nuclear deberán abonar al CSN. El Grupo Comunista pidió la supresión de la mayor parte del artículo, por considerar que la regulación concreta de dichos tributos debería hacerse en el estatuto del CSN y no en la ley que se estaba debatiendo, ya que, tal como ésta venía quedando redactada, el Consejo no tendría competencias en la práctica, sino que sería un «conjunto de autómatas». A ello replicó Martín Oviedo que las tasas no pueden establecerse si no es sobre la base de referirse a unos servicios concretos que debían ser detallados.
Por su parte, el Grupo Socialista pidió que se suprimiese la reducción de tasas para las centrales que se construyeran en el mismo emplazamiento donde ya hubiese otra, porque, en opinión de Josep María Triginer, esto favorece la concentración, que puede hacer superar los niveles admisibles de contaminación. Martín Oviedo replicó que esa reducción es lógica porque al menos una parte de los estudios realizados en el primer emplazamiento sería útil para instalaciones posteriores, mientras que, según Triginer, la concentración precisaría muchos más estudios, por el aumento del peligro que produce.
También se rechazó la propuesta socialista de elevar el máximo de multas a las empresas infractoras de esta ley de veinte a cien millones de pesetas. Tan sólo se admitió la propuesta de la Minoría Catalana de que la tasa por los estudios sobre fabricación de componentes nucleares o radiactivos se fije por un porcentaje del coste de esos estudios, en lugar de una cantidad fija.
