El PSOE comenzará una ofensiva de petición de competencias y recursos para los ayuntamientos

El PSOE está realmente preocupado por las continuas irregularidades, decisiones unilaterales e incumplimiento de los compromisos contraídos por UCD respecto a las corporaciones locales en materia de financiación municipal y liquidación de deudas, entre otros temas, según declaró a EL PAÍS Baltasar Aymerich, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la comisión de alcaldes que negocia con el Gobierno los problemas económicos de las corporaciones locales.

A lo largo de este año es previsible -continuó el delegado de Hacienda- que se produzcan polémicas bastante duras en las negociaciones que se van a plantear sobre el aumento de competencias municipales en diversas materias, así como para asegurar la participación de los ayuntamientos en la nueva ley de Régimen Local.Según el delegado de Hacienda del Ayuntamiento, la estrategia socialista respecto a la hacienda municipal se quiere desarrollar en dos fases. La primera iba dirigida a enjugar los déficit municipales y asentar las bases de una dinámica de despegue de la actividad de las corporaciones. Esta primera fase terminó formalmente el 27 de enero, aunque no se considerará realmente concluida mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos tomados en dicha reunión, y que fueron extensamente debatidos a lo largo de varios meses.

La segunda fase empezaría ahora, y consiste básicamente en la discusión, por bloques o temas específicos, de aspectos muy importantes, aunque de carácter más puntual, de la vida de los municipios. Entre esos bloques, que el PSOE quiere sacar a negociación, puede citarse el conjunto de problemas relacionados con el transporte público (sistemas de coordinación, financiación, ley de mancomunidades de transporte en áreas metropolitanas, etcétera), la política relativa a los mercas (entre ellos, Mercamadrid), conseguir una coparticipación en cuanto a la política de orden público, recabar competencias para que los ayuntamientos puedan desarrollar una política de suelo urbano, etcétera.

En definitiva, se trata, siempre según Aymerich, después de haber conseguido iniciar el saneamiento de la hacienda y los sistemas de financiación municipal, dirigirse hacia una política global expansiva, recabando competencias de autonomía municipal en todos los órdenes.

Tampoco las pretensiones socialistas respecto al tema estrictamente económico terminan en los acuerdos adoptados el pasado domingo. Al margen de que la transferencia de competencias citadas anteriormente deberán ir acompañadas de sus respectivas transferencias de recursos, el objetivo final del PSOE es conseguir que el 20% de los fondos públicos estatales se destinen al funcionamiento de las corporaciones locales. Actualmente el índice supera el 10%, y aunque el aumento conseguido se estima como importante, es insuficiente para asegurar un abanico de competencias municipales similares a la de sus homónimos europeos.

El doble juego de UCD

En opinión del señor Aymerich, no se espera que el Gobierno de UCD dé facilidades para llevar a cabo una operación que daría mucha mayor importancia a la vida municipal en el conjunto de la estructura estatal. La posición de UCD estaría condicionada por una serie de contradicciones graves, que puede enfrentar internamente a los representantes del partido a nivel estatal y a nivel local. Por una parte, UCD no puede dejar desasistidos a sus alcaldes respecto al cumplimiento de sus programas electorales, pero tampoco puede asistirles sin, al mismo tiempo, conceder las mismas ventajas a la izquierda.Tal vez por tener en cuenta estas razones contradictorias, la táctica seguida hasta ahora por el partido del Gobierno ha sido no oponerse frontalmente a las pretensiones de la izquierda, y sí sembrar el camino de pequeñas trampas, o grandes, y de compromisos incumplidos parcialmente. El delegado de Hacienda madrileño criticó duramente las frecuentes modificaciones u omisiones reflejadas en los decretos leyes, que a veces han cambiado el borrador suscrito por ambos partidos.

La última de estas zancadillas ocurrió el pasado jueves, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado un nuevo decreto del Ministerio de Administración Territorial por el que se modifica el sistema de confección de los presupuestos para el año en curso. Esta modificación de última hora surge cuando el Ayuntamiento de Madrid, después de salvar el esfuerzo que suponía acomodar la arcaica estructura municipal a las normas dictadas el 26 de noviembre pasado, y va a suponer otro aplazamiento en la confección definitiva.

Asimismo, en el borrador pactado del decreto del jueves, se incluía un punto relativo a que las operaciones de crédito destinadas a cubrir operaciones de urbanismo serían computables con el coeficiente de regulación de las cajas de ahorro. Este punto, de gran importancia para el funcionamiento de las delegaciones de urbanismo municipales, no ha sido recogido en la redacción del decreto. «Por lo visto tendremos que firmar los acuerdos a pie de imprenta del BOE», comentó el señor Aymerich.

En palabras del señor Aymerich, el PSOE está ya algo cansado del «regateo de UCD» en sus negociaciones sobre los temas económicos con la comisión de alcaldes, y, hablando como miembro de la comisión, ha advertido que el PSOE está dispuesto a hacer de la cuestión municipal una cuestión de Estado.

Por otra parte, en el transcurso de sus declaraciones, el delegado de Hacienda madrileño analizó la poca importancia que hasta ahora han concedido los ayuntamientos y el Gobierno a la práctica de las emisiones de renta fija. El año anterior, el mercado de estas emisiones lo coparon los bancos industriales, con un 15% del total; eléctricas y Telefónica absorbieron otro 36%. El restante 49% se destinó a emisiones públicas, de las que el INI representa un 8,5%, el Estado un 3 1 %; la banca oficial, otro 5 %; Renfe, un 2%, y sólo un 1,5% que fue utilizado por los ayuntamientos.

Para este año, el PSOE pretende que se destinen a las emisiones de renta fija municipales al menos 40.000 millones de pesetas. El Banco de Crédito Local debería destinar otros tantos a las operaciones de financiación municipales, y otros 20.000 millones más irían a disposición municipal por la vía de emisiones de deuda pública dirigidas al mercado exterior. En conjunto, la idea del PSOE es que este año los ayuntamientos puedan recabar unos 100.000 millones de pesetas.

El Ayuntamiento de Madrid seguirá en este presupuesto y en los sucesivos una política de endeudamiento racional, de forma que el índice de amortización de deudas no supere el 15%. Es decir, que de cada cien pesetas del presupuesto ordinario, quince se destinen a las amortizaciones. En opinión del señor Aymerich, ésta es una cifra razonable, que permitirá poner en circulación este año unos 7.000 millones de pesetas, y que no supone en absoluto dejar entrampada y con poca capacidad de maniobra financiera a la nueva corporación que pueda surgir tras las elecciones de 1983.

El señor Aymerich rechazó las afirmaciones ucedistas de que los ayuntamientos de izquierda pretenden enderezar su funcionamiento a costa del dinero estatal.

Una vez asegurado el cumplimiento de los compromisos contraídos en la reunión del domingo 27 de enero, el PSOE dirigirá sus esfuerzos a conseguir ese 20% de los Presupuestos del Estado a las corporaciones locales, y a la negociación de los bloques apuntados antes. Las pretensiones respecto a los mercasa, apuntó el delegado de Hacienda, no se refieren sólo a su mejor o peor construcción, sino a que el Ayuntamiento se asegure el control de la política de comercialización de abastos, lo que es mucho más ambicioso. La política de suelo es similar, y trataría de evitar que los ayuntamientos actúen como colchón entre las reivindicaciones de los vecinos y los recortes impuestos por la Administración central, lo que conllevaría la reconversión de organismos como el INUR, que es quien ahora dispone de fondos para la compra de suelo urbanizable.