La nueva resistencia
De impresionante y oportuna puede calificarse la intervención del comandante general del arma de Carabinieri, general Corsini, en la inauguración del año académico 1979-1980, celebrada en la Escuela de Oficiales del arma, en Roma, ante el presidente del Tribunal Constitucional, los ministros de Defensa e Interior, representantes del Parlamento y otras autoridades y representaciones de la vida italiana.Después de aludir a la «oscura edad media del vivir civil» en que quiere sumirnos, en los tiempos presentes, la violencia terrorista, el general Corsini pedía, sobre todo, «reflejos legislativos y, -aún más, comportamientos que -exentos de un excesivo proteccionismo- nos cubran las espaldas y nos permitan conducir esta lucha sin cuartel contra la violencia con armas iguales; que no se nos haga asistir, con vergüenza y con rabia, a la lectura, en las salas de los tribunales, de los delirantes mensajes de quienes se proclaman «presos políticos»; que impidan ver cómo circulan impune y libremente delincuentes encallecidos, culpables de una interminable lista de delitos; que no se nos obligue a pasear a peligrosos detenidos, de una a otra parte de la península, para que saluden a parientes y amigos; que se nos permita, en fin, desarrollar eficazmente nuestro trabajo de prevención y de represión, restituyendo a la Policía Judicial las facultades necesarias para realizar las primeras y determinantes indagaciones».
En este mismo contexto se inscribe su petición, no sólo de solidaridad, sino de participación activa de todos los hombres de buena voluntad, para hacer frente a lo que el ministro de Defensa italiano calificó como un ataque al Estado y un desafío a las instituciones republicanas.
Por ello, el general Corsini, siguiendo a Giorgio Amendola, reiteró el paralelismo existente entre «los caídos de la Resistencia y los caídos de hoy, de la Nueva Resistencia».
Unos y otros por un ideal común, impulsado hasta el holocausto: la defensa de la libertad. En el primer caso, la libertad perdida; en el segundo, la amenaza de su privación. Ciertamente, ese paralelismo refleja de manera inequívoca la necesidad cada vez más sentida en los Estados democráticos de preservar y defender la libertad de sus pueblos, tanto del dominio y opresión exteriores como de las dictaduras terroristas desatadas en el interior de sus fronteras.
Si la violencia es, por esencia, el empleo de la fuerza o la intimidación contra la voluntad ajena, cuando se trata de la voluntad política de un pueblo que se forma y expresa libremente y que por la adhesión mayoritaria de sus ciudadanos se convierte en norma de comportamiento general, el terrorismo es moralmente rechazable, jurídicamente condenable y políticamente la más irracional aberración.
La voluntad de la mayoría como principio legitimador del poder, fuente de la soberanía y origen del derecho en la vida de la sociedad, no puede ser contestada apelando a la violencia institucional para justificar el terrorismo.
La vioiencia institucional es, por principio, incompatible con la convivencia, ordenada según la voluntad de la mayoría de los miembros de la sociedad.
Ir contra la voluntad de la mayoría del cuerpo social es la más clara y brutal forma de violencia.
Imponer la voluntad de los menos sobre toda la comunidad es la forma típica de violencia institucional, aunque no vaya acompañada de compulsión física.
No caben, pues, en esta materia equívocos ni ambigüedades. Donde se reconoce la discrepancia política, se acepta el debate público; se celebran elecciones libres y periódicas y se permiten las distintas opciones sobre la organización de la convivencia y la conformación de la vida social, es inaceptable cualquier alusión a la violencia institucional.
La violencia institucional existe cuando una minoría política, económica, social, cultural, racial o religiosa se impone con sus dictados y decisiones al resto de la sociedad.
De las consideraciones expuestas se desprende el valor ético y jurídico de esta Nueva Resistencia, que las sociedades e instituciones democráticas deben ofrecer, en el marco de la legalidad constitucional, para liberar a sus pueblos de todos los terrorismos interiores, que amenazan con destruir su libertad.
