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CASTILLA-LEON

Crisis en la UCD de Segovia por cuestiones municipales

El presidente provincial de UCD, Carlos Gila, ha anunciado públicamente, en una reunión informativa, su decisión «irrevocable» de dimitir de su cargo, al propio tiempo que seis miembros del grupo municipal ucedista en el Ayuntamiento de Segovia han formalizado ante la Junta Electoral la renuncia a sus respectivas concejalías.La dimisión del señor Gila, a la sazón diputado del Congreso por esta provincia, escaño al que no renuncia, obedece a su disconformidad con la moción aprobada por el comité ejecutivo provincial respecto al control de los órganos del partido sobre la política municipal de la mayoría de UCD en el Ayuntamiento de la capital, dividida en dos tendencias abiertamente enfrentadas. A juicio del ex presidente provincial, que ha acusado de «cierta rebeldía» al alcalde, José Antonio López Arraz, la resolución del comité fortalece la postura un¡personal de este frente al partido y el resto de sus compañeros.

«Como demócrata, acepto la decisión», ha manifestado, «pero no puedo continuar presidiendo un comité ejecutivo que se define de esta manera, por lo que paso a la oposición constructiva dentro del partido.»

Paralelamente a la adopción de esta postura, han presentado la dimisión dos tenientes de alcalde y cuatro concejales del grupo de UCD, entre los que se encuentran el vicepresidente y un diputado de la Corporación provincial, dando paso a una crisis de consecuencias imprevisibles, toda vez que se rumorea que varios de los candidatos que figuran a continuación en la lista presentada en su día a las elecciones podrían negarse a cubrir las vacantes.

Tiempo atrás, una vez desatada la crisis en el seno municipal ucedista, el señor López había manifestado que «yo soy un alcalde y no un muñeco», así como otras afirmaciones consideradas «displicentes» hacia sus compañeros de grupo por el ex presidente provincial. Según se desprende de lo apuntado por éste en la reunión informativa, es muy probable la solicitud porel tercio de afiliados requerido en los estatutos para la celebración de una asamblea general extraordinaria en la que se intente revocar lo acordado por el comité ejecutivo provincial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de febrero de 1980