Debate sobre las competencias del principado en la asamblea de parlamentarios

El artículo relativo a las competencias exclusivas de la futura comunidad autónoma provocó ayer un largo debate en la Asamblea de Parlamentos y diputados provinciales, que elabora el proyecto de Estatuto asturiano, cuyos trabajos finalizarán la próxima semana. Asistió por primera vez Rafael Calvo, ministro de Trabajo y diputado de UCD por Asturias.La mayoría de los veintidós puntos de dicho artículo fueron aprobados, sin embargo, con los votos del PSOE, UCD y PCA y algunos de ellos también con los de Alianza Popular, cuyos dos representantes han reiterado su oposición al término «exclusivas», por entender que no existen competencias exclusivas, sino compartidas, y que, en cualquier caso, resultaba restrictivo para los municipios. Por este motivo se añadió un párrafo al apartado dos del artículo 9, para explicar que el Principado de Asturias no pretende asumir las competencias que corresponden al Estado o a los municipios. Después de enumerar cuáles serán las competencias de la futura comunidad autónoma, el apartado dos del artículo 9 del Estatuto señala que en el ejercicio de estas competencias corresponderá al Principado de Asturias la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de lo que establecen los artículos 140 y 149,1 de la Constitución.

El diputado de Alianza Popular Juan Luis de la Vallina, objetó, en algunos puntos del artículo 9, que las competencias que se pretenden asumir a través del Estatuto se salen del marco del artículo 148, que fija las correspondientes a las regiones que opten por la vía autonómica «lenta» del artículo 143 de la Constitución, como es el caso de Asturias. El proyecto establece, por ejemplo, la competencia exclusiva del Principado en la ordenación del territorio y su litoral, en ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio, en agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, en la regulación de las denominaciones de origen, el fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica general y especial y la creación y gestión de un sector público regional propio.