Rafael Escuredo amenaza con una huelga de hambre de 72 horas

El presidente de la Junta de Andalucia, Rafael Escuredo, iniciará el sábado por la tarde una huelga de hambre, de 72 horas de duración, si el Gobierno no cambia su actual política de obstaculizar el referéndum andaluz del día 28 de febrero, según anunció ayer el propio presidente en el transcurso de una conferencia de prensa. La decisión de Escuredo, que abre un nuevo capítulo en la crisis del proceso autonómico andaluz, podría ser secundada por consejeros, alcaldes y concejales de toda la región.

Aunque Rafael Escuredo matizó que se trataba de una actitud personal, fuentes solventes de la Junta aseguraron que se espera una postura solidaria por parte de otros partidos. Negó, en cambio, que fuese a presentar la dimisión ("los políticos tienen que estar a las duras y a las maduras») y rechazó la posibilidad de convocar paros de protesta, que consideró muy inconvenientes en la actual situación de Andalucía.El presidente de la Junta empezó la rueda de prensa denunciando que «resulta evidente que hay una política de obstaculización al referéndum del día 28 de febrero por parte del Gobierno», concretada en dos puntos fundamentales: la pregunta que se va a someter a los electores, de la que se dijo que no la entiende ni el que la redactó -«es más propia de un concurso que de un referéndum»-, y los medios financieros para realizar la campaña institucional, cuya cuantía se desconoce aún, si bien informalmente se sabe que el Gobierno pretende cifrarla en 125 millones de pesetas, menos de la mitad de lo presupuestado para los referendos vasco y catalán.

Otros obstáculos puestos por el Gobierno al éxito del referéndum andaluz son, a juicio del señor Escuredo, el anuncio de que no habrá campaña institucional para promover la participación en la consulta (el Gobierno se basa en que el acuerdo de la Junta en este sentido no fue unánime), la duración de la campaña, claramente discriminatoria para Andalucía, las dificultades para el voto de los emigrantes, que el Ministerio del Interior no va a hacerse cargo de facilitar, y el voto por correo.

La Junta exigirá con firmeza ue el Gobierno reconsidere esta postura en la entrevista que Escuredo mantendrá en la mañana del sábado con el ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán. Si el Gabinete no alterase su posición, el presidente se declararía en huelga de hambre en su propio despacho de la Junta, «porque no podemos consentir que se nos castigue a los andaluces y a la institución que nos representa». Rafael Escuredo declaró, a continuación, que se quiere castigar a la Junta de Andalucía por haber practicado una política de moderación y unidad que ha sido ejemplar; por querer una autonomía de verdad y no un sucedáneo («que nadie me diga que el artículo 143 es igual que el 151»); por pretender hacer uso de un derecho constitucional, y por no haber puesto en cuestión la unidad irrenunciable de España. «El Gobierno está haciendo una política desestabilizadora, que crea tensiones y crispa a los ciudadanos», dijo.

Escuredo, que reiteró su promesa de no hacer una campaña beligerante contra ningún partido, añadió que la huelga de hambre sería una primera medida de protesta, a la que podrían seguir otras, aún no concretadas, si no cambia la situación. El consejero del Interior, Antonio Ojeda, señaló por su parte, que llevaba quince días queriendo contactar con el director general de RTVE, Fernando Arias-Salgado, para discutir con él la campaña televisiva sobre el referéndum, sin conseguirlo. «Debe estar muy preocupado con el dossier publicado por EL PAÍS», indicó.

«Esa es la política del camelo y del cuento», dijo Escuredo refiriéndose a la promesa reciente del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, de que en los próximos tres años iban a invertirse en Andalucía 140.000 millones de pesetas.

El PCE pregunta al Gobierno

El Grupo parlamentario Comunista dirigió ayer una pregunta al Gobierno en relación con el referéndum de ratificación de iniciativa autonómica en Andalucía. Los comunistas preguntan si se modificará el decreto deconvocatoria del referéndum andaluz y si se ampliará la campaña electoral de quince a veintiún días. En relación con la pregunta que el 28 de febrero se formule a los andaluces piden que figuren los términos autonomía y Andalucía.Los comunistas preguntan también al Gobierno sobre los medios materiales y financieros necesarios para la ejecución del referéndum en condiciones equitativas con los ya efectuados y se interesan finalmente sobre los criterios relativos al tiempo y su distribución en RTVE y los Medios de Comunicación Social del Estado durante la campaña institucional y la de los partidos implicados.

Por otra parte, la comisión ejecutiva federal del PSOE de Andalucía se reunió ayer con miembros de la ejecutiva regional para estudiar la situación ante el referéndum de iniciativa autonómica, convocado para el 28 de febrero. En la reunión, presidida por el vicesecretario general del partido, Alfonso Guerra, se analizaron de forma global los sondeos populares y, tanto la ejecutiva federal como los representantes andaluces, concluyeron que se pueden superar fácilmente los márgenes que la ley exige para ratificar la iniciativa autonómica, consistentes en que la mayoría absoluta de los electores de cada provincia se manifiesten a favor.

El PSOE, como fuerza política mayoritaria en Andalucía, «no va a regatear esfuerzo alguno en conseguir el apoyo popular, para lo que utilizará masivamente a diputados, alcaldes y concejales en su intento de lograr el sí.

El Ayuntamiento de Sevilla, por el «sí»

Siguiendo el ejemplo de la Diputación provincial, el Ayuntamiento de Sevilla decidió ayer, con la abstención de los concejales de UCD, realizar una activa campaña en favor del sí en el referéndum y proponer al puebIo sevillano que engalane sus balcones, calles y automóviles con banderas andaluzas el próximo día 7, como acto simbólico de protesta por el decreto de convocatoria de referéndum, ya que, en dicha jornada, debería haber dado comienzo la campaña si se hubiese autorizado una duración de veintiún días, como en los casos catalán y vasco.