Los ayuntamientos demandan competencias en materia de seguridad ciudadana para las policías municipales

La izquierda política que hoy gobierna la mayoría de los ayuntamientos españoles ha plasmado en unas Jornadas sobre Competencias en Seguridad Ciudadana, que se han celebrado la semana pasada en Cartagena, sus deseos de recuperar para los entes locales parte del protagonismo que, en ese terreno, ha sido absorbido, durante años, por el poder central. La reivindicación final está clara: la Policía Municipal no tiene por qué ser un auxiliar de la Policía Nacional, sino que ha de tener sus propias competencias, en función de su mayor cercanía al ciudadano.

Los responsables de los cuerpos de Policía Municipal de las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes -en total, 56 concentraciones urbanas- se reunieron durante los tres últimos días de la semana pasada, en Cartagena, para estudiar y llegar a un planteamiento conjunto acerca de las competencias que los ayuntamientos deban asumir en materia de seguridad ciudadana, frente a las que haya de conservar el poder central. La reunión en cuestión llegó a unas conclusiones, aprobadas por la mayoría de los asistentes, que habrán de ser presentadas a los responsables de la seguridad del Estado para negociar su posible aplicación real, una comisión de seguimiento, elegida por los asistentes a esas jornadas de estudio, vigilará su cumplimiento.La celebración de las jornadas de Cartagena tiene unas coincidencias cuando menos reseñables: el comienzo de la discusión por las Cortes de tres leyes que afectan directamente a las competencias planteadas: son éstas las de seguridad ciudadana, policías autónomas y régimen local. Mientras, Madrid era escenario, los días 24, 25 y 26, de una reunión sobre la delincuencia juvenil en la que la Administración central intentaba llegar a una postura definitiva acerca de este hecho criminológico.

De ello se deduce que el planteamiento del trabajo efectivo de los representantes municipales, en pos de lograr una mayor seguridad en nuestras ciudades, tiene un transfondo político claro, desde el momento mismo en que el poder central se encuentra ocupado por la derecha, en tanto que la administración municipal -la más cercana al ciudadano- está gobernada, en una gran mayoría, por la izquierda. Es más, los responsables de los cuerpos de Policía Municipal defendían la denominación de seguridad ciudadana, mucho más amplia y a la vez popular que la de orden público, que parece patrimonio de fuerzas represivas.

Definición política

Los trabajos de la reunión de Cartagena se dividieron, a efectos de un mejor estudio, en tres ponencias. Dos de ellas se adentraban, aunque con una base puramente política, en los planteamientos técnicos de la selección y formación del policía municipal, por un lado, y, por otro, de su dotación física para ejercer las funciones que le sean encomendadas.Pero la ponencia que había despertado un mayor interés fue la que planteaba la postura política a mantener por los ayuntamientos de izquierda de cara a las competencias que estos deban tener en el mantenimiento de la seguridad en las ciudades.

Esta ponencia, que fue defendida por Guillermo Gutiérrez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, se movía sobre la definición que se le daba al hecho mismo de la seguridad ciudadana: «La situación social que garantiza o permite el pleno ejercicio por parte de los ciudadanos de todos y cada uno de los derechos que ostenta, tanto individuales como colectivos.»

Pero la realidad es que la seguridad en las ciudades de este país no aparece, por lo menos en principio, como un hecho corriente. Existe una sensación de inseguridad en los ciudadanos que se desprende de una serie de causas que van desde la crisis económica y su estela de paro e inflación, hasta la transición política realizada que, «por no haberse dado por el procedimiento de ruptura dernocrática», ha producido una crisis de autoridad, desencanto, crisis de identidad de las instituciones de control social, etcétera; pasando por un planeamiento urbanístico que rompe las relaciones vecinales, creando un clima de insolidaridad y marginación.

Sin embargo, en las mismas jornadas, se planteó, en más de una ocasión, si esa inseguridad que hoy se dice tener en nuestras grandes concentraciones urbanas no es más producto de una concienciación colectiva que de una realidad social. ¿Son inseguras nuestras ciudades?

Uno de los tres invitados extranjeros que acudieron a esta reunión de Cartagena, el canadiense, aunque de origen español, José María Rico, expuso su propia experiencia en el país norteamericano, basada en la elaboración de una encuesta entre la población, en la que una de las preguntas hacía referencia al grado en que un hecho delictivo le hubiera afectado: en propia carne, en un vecino o familiar próximo o si había tenido conocimiento de tal hecho a través de la prensa. Unicamente el 0,5% de los encuestados aseguraron haber padecido algún tipo de agresión delictiva personalmente, en tanto que algo más del 1% afirmaban que la víctima había sido un familiar o un vecino. El 98% de los encuestados sólo habían tenido conocimiento de los hechos delictivos a través de los medios de información. El señor Rico se preguntaba: «¿No estaremos planteando un falso problema?»

Choque de competencias

España es un país que resulta muy rico en policías de todos los tipos y todas las dependencias. Si hablamos de «recurrir a la policía» para algún problema que precise de su intervención, habremos de especificar que estamos hablando del Cuerpo Superior de Policía, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Policía Municipal, de la policía autónoma de cualquier comunidad o de alguna de las innumerables policías privadas o paralelas que han ido surgiendo a lo largo y ancho de la geografía española.Esta claro que, en un país donde se da tal profusión de cuerpos responsables de la seguridad ciudadana, los conflictos de competencias han de ser constantes. Las jornadas de Cartagena tenían, entre sus objetivos más inmediatos, el de determinar cuáles habrían de ser en el futuro las competencias de la Policía Municipal.

Es decir, la idea de discutir era, de alguna forma, si la Policía Municipal debería ser esa policía de barrio, al estilo de los bobbies ingleses, que se reclama desde distintos estratos de nuestra sociedad. La respuesta ha sido, por parte de los participantes en las jornadas, mayoritaria: el policía municipal debe ser ese policía de barrio. Pero, paralelamente, ha habido una parte de los asistentes, encabezados por el alcalde de Fuenlabrada, que ha defendido la competencia del alcalde en la autorización del ejercicio de los derechos colectivos, tales como el de manifestación, que puede exigir, en un momento determinado, no ya una represión policial, pero sí un cierto control y encauzamiento.

El hecho de que se haya reclamado esa competencia para el alcalde -ahora sólo asumida por el gobernador civil de cada provincia- tiene una vertiente mucho más política que puramente policial, ya que, en el fondo, lo que viene a suponer es que la actuación de la Policía Nacional, en tales casos, pase por la autorización previa del alcalde. O, viceversa, que tal actuación lo sea previa petición del alcalde al gobernador civil.

Paralelamente, la Policía Municipal, considerada ahora legalmente como auxiliar de la Policía Gubernativa, no actuaría más que por orden de sus mandos naturales. Es decir, que la Policía Municipal sólo actuará en auxilio de la Nacional, previa petición en tal sentido al alcalde por parte del gobernador civil, y no por la decisión de cualquier mando de ésta, como hasta ahora puede producirse.

De todas maneras, las jornadas de Cartagena no han hecho más que plantear el deseo de los ayuntamientos españoles gobernados por la izquierda de alcanzar sus propias competencias -hoy, en el terreno de la seguridad ciudadana- y dejar de ser, como ocurría en la etapa franquista, menos apéndices del poder central y ejecutores de sus altas decisiones en las cercanías del ciudadano.