Debate en TVE sobre la ley de autonomía universitaria

(Viene de primera página.)El ministro de Universidades calificó de «acusaciones generales» las primeras intervenciones de sus interlocutores y evidenció la escasa atención que éstos habían prestado al concepto de libertad académica, que, en su opinión, alcanza cotas muy elevadas con este proyecto de ley. Dijo también que la ley tendría que delimitar forzosamente las competencias que no son de las comunidades autónomas porque pertenecen por entero al Estado, como son la regulación del profesorado estatal, la homologación de títulos y las condiciones de acceso.

Antes de que los participantes en el debate pudieran replicar al ministro, el moderador del coloquio, el locutor de TVE José Antonio Silva, planteó como tema de discusión el de las tasas académicas, sobre el que Eulalia Vintró dijo que la formulación dada en el proyecto -«las tasas tenderán a cubrir el coste real de la enseñanza»- es contradictoria con la idea de servicio público. González Páramo planteó la necesidad de una desgravación fiscal para las familias que hayan de hacer frente a esos costes y la posibilidad de que las universidades sean más baratas en ciertas regiones, y Javier Solana calificó de «provocación» las previsiones de la ley en esta materia, mostrándose favorable a que las tasas sean proporcionales a los ingresos de las familias, y que desde luego sean determinadas por el Parlamento. González Seara dijo que le parecía bien la intervención del Parlamento en la fijación de las tasas, idea que no estaba prevista en la ley, y coincidió con el diputado socialista en que deben guardar proporción con el nivel de las rentas familiares.

Planteado el tema de la selectividad, Eulalia Vintró señaló que el hecho de que cada universidad pudiera fijar las pruebas de acceso que le parezcan oportunas podría dar lugar a la existencia de universidades «de primera y de segunda». González Seara aceptó que ése era un riesgo inherente al concepto de autonomía y González Páramo se mostró de acuerdo con el establecimiento del numerus clausus.

Por su parte, Javier Solana aceptó esta posibilidad, siempre que la determine el Parlamento y echó de menos en el proyecto los aspectos de planificación y programación de la enseñanza, de tal modo que parecía darse a entender que la calidad de la enseñanza únicamente se encuentra vinculada con la existencia de la selectividad.