Signos favorables en el poder municipal

SEGURAMENTE, UNA de las razones de que las instituciones democráticas no sean reconocidas por un sector de los ciudadanos como la materialización de sus propios poderes y el vehículo de sus necesidades y deseos es la excesiva distancia que separa a veces las decisiones políticas de sus efectos tangibles para cada individuo.Tras las elecciones de abril de 1979 se abrió un compás de espera para comprobar la capacidad de los nuevos ayuntamientos de izquierda para transformar las condiciones de existencia cotidiana en las deshumanizadas, neurotizantes e insalubres grandes capitales del país. Probablemente las expectativas creadas por la campaña electoral de los socialistas y comunistas fueron desmesuradas, tanto por los risueños paisajes, coloreados de sus carteles como por las seguridades dadas de que la escoba mágica de la «honradez y eficacia» haría públicas las irregularidades y abusos de anteriores períodos. Bien sea porque no fueran reales no pudieran ser documentalmente probados o no resultaran políticamente rentables de explotar, lo cierto es que esos presuntos escándalos no han sido aireados y los ayuntamientos democráticos han asumido con continuidad la herencia del pasado, limitándose a cuchichear acerca de las telarañas y basuras descubiertas. En cualquier caso, los partidos de izquierda habrán podido comprobar que las simplificaciones que se profieren en la oposición no pueden sostenerse luego en el poder.

Los ayuntamientos de izquierda pueden esgrimir en su descargo las dificultades financieras arrastradas de anteriores épocas y las escasas facilidades que han encontrado en algunos cuerpos administrativos municipales, tanto para informarse debidamente de los asuntos pendientes como para instrumentar nuevas líneas de acción. También es cierto que el principio constitucional de respeto de los derechos adquiridos, que sentenciaba por anticipado contenciosos como el de La Vaguada, y el marco legislativo y político más general, establecido por el Congreso y por el Gobierno, limitan sus posibilidades de maniobra y su capacidad para modificar situaciones y establecer estrategias innovadoras. Sin embargo, esos evidentes condicionamientos no disculpan el desaprovechamiento de oportunidades reales para mejorar la vida ciudadana, la imprevisión de algunos acontecimientos (como la asfixiante contaminación del pasado diciembre) o la inútil utilización de los plenos municipales para votar acuerdos cuyo ámbito apropiado son las Cortes Generales o incluso la Asamblea de las Naciones Unidas. Tampoco la pasión por reformar el callejero o la frenética apuesta en favor de unas autonomías más bien abstractas, con olvido o menosprecio de las muy tangibles y concretas responsabilidades de poder de la gestión municipal, ha contribuido a que la izquierda socialista y comunista recapacite, fuera del País Vasco y de Cataluña, hasta qué punto se juega sus posibilidades de futuro y de respeto del electorado en su experiencia municipal.

Por eso mismo, la apuesta realizada por el Ayuntamiento de Madrid para regular el tráfico en el centro de la capital, según el plan ensayado en las pasadas Navidades y proyectado con carácter definitivo para la primavera próxima, merece, cuando menos, el elogio de que trata de dar una valiente respuesta a un desafío urgente, aun afrontando los riegos de la impopularidad y el peligro de un fracaso. Porque los graves problemas de esta casi imposible ciudad, que llegan al paroxismo precisamente en su circulación rodada, sólo se pueden acometer con imaginación y audacia. La iniciativa navideña, dicho sea en honor de los señores Barrionuevo y Palacín, acredita esa capacidad para asumir riesgos y tomar iniciativas, sin la cual Madrid quedaría condenada a la lenta asfixia y el progresivo colapso.

La polémica decisión de municipalizar los transportes periféricos, pese a que va a implicar para el ya hipotecado Ayuntamiento madrileño un aumento de su déficit, también muestra que las autoridades de la plaza de la Villa empiezan a abandonar su autocomplacencia, para tratar de dar soluciones al rompecabezas de los transportes colectivos en Madrid. La coordinación de la EMT, la red de Metro y los transportes periféricos pueden hacer más rápidos y cómodos los desplazamientos de nuestros vecinos. Y si los taxistas, principales beneficiarios del proyecto del cierre del centro de Madrid a los automóviles privados, se empeñan en seguir aplicando con su huelga la ley del embudo a las necesidades del servicio público que desempeñan, el Ayuntamiento estará justificado para reforzar la red de transportes colectivos en el casco viejo y demostrar que tampoco esos vehículos son imprescindibles para los ciudadanos.

Queremos pensar, y de hecho pensamos, que estos son ejemplos de que el nuevo poder municipal comienza a hacerse eco de los problemas reales de las ciudades. Es cierto que un gran trecho queda todavía por andar, pero también es verdad que la desilusión inicial puede ser corregida si nuestros ediles se esfuerzan en esta dirección y abandonan la manía de dedicar lo mejor de su tiempo a la crítica del pasado o al contrapeso (?) teórico de su situación minoritaria en el Congreso.