Los abogados de Onaindía tratan de que el sumario pase a la jurisdicción ordinaria

Por incomparecencia del ahogado defensor, Juan María Bandrés, aquejado de un fuerte ataque de lumbago, se suspendió ayer en San Sebastián el consejo de guerra contra Mario Onaindía, secretario general de EIA (Euskadiko Ezkerra), al que se acusa de un delito de injurias a las Fuerzas Armadas. La demora en el juicio militar permite ganar tiempo a los abogados y juristas, que estos días presionan al fiscal general del Estado y al Gobierno para que el sumario sea traspasado a la jurisdicción ordinaria.

El fiscal pide para Mario Onaindía una pena de tres años por la publicación, el 10 de marzo de 1978, en varios diarios vascos, de esquelas en castellano y euskera, firmadas por ElA, con motivo del primer aniversario de la muerte de dos militantes de ETA (p-m) en el alto de Itxaso (Guipúzcoa), en un control de la Guardia Civil.La vista se había fijado para las nueve en punto de la mañana de ayer, en los cuarteles de Loyola, de San Sebastián. La noche anterior ya se sabía que con toda probabilidad el consejo de guerra se suspendería al anunciarse la posible incomparecencia en el mismo de Juan María Bandrés, abogado defensor de Mario Onaindía, aquejado de un repentino ataque de lumbago.

Sin embargo, a las nueve de la mañana de ayer, medio centenar de personas se concentraron en la entrada de los cuarteles de Loyola. Junto a un número elevado de periodistas estaban presentes destacados dirigentes de EIA, como Javier Izco de la Iglesia o Eduardo Uriarte, compañeros de Mario Onaindía en el juicio de Burgos (diciembre 1970), en el que fueron condenados entonces a varias penas de muerte -dos el primero, dos el segundo y una el tercero, respectivamente- Una reforzada protección militar (dos furgones de Policía Nacional permanecían expectantes, aunque algo apartados). impedía el paso a las instalaciones militares a los concentrados, permitiéndose únicamente el acceso a Mario Onaindía.

El acusado se presentó en la sala, donde le esperaba ya el tribunal, integrado por cinco jefes militares, vestidos de gala -sable incluido-, frente al que tomó asiento. Eran las nueve y cuarto. En los quince minutos previos al consejo, que había recibido a las nueve en punto el certificado médico excusando la presencia en la vista de Juan María Bandrés, acordó la suspensión del juicio militar en base al apartado sexto del artículo 770 del Código de Justicia Militar.

Este acuerdo fue leído a Marío Onaindía por el juez instructor. Intervino entonces el fiscal, que pidió al tribunal constara en acta su deseo de que dos médicos militares acudieran al domicilio del señor Bandrés, para comprobar si era cierta la dolencia física que le impedía acudir al consejo. En caso de que el parte de los doctores fuera negativo, el fiscal pidió el procesamiento militar del médico que firmó el certificado, el nombramiento de dos abogados militares de oficio y la celebración del consejo «en el más breve plazo posible».

En una conferencia de prensa celebrada después por Mario Onaindía, éste recordó que la esquela se refería a la Guardia Civil, «y no a todas las Fuerzas Armadas». «Iba a decir al tribunal», afirmó, «que el Ejército no tiene fuerza moral para juzgarme y que hacerlo por esa causa significaría tanto como aceptar que se solidariza con la represión que se desarrolló en Euskadi antes de la fecha citada.»

Si Mario Onaindía fuera juzgado en este o en el próximo mes y condenado a una pena de arresto mayor que exceda al mes y un día quedaría inhabilitado en su condición de elector y elegido.