Acusan a jueces italianos de complicidad con el terrorismo

En los ambientes judiciales de Roma acaba de estallar una polémica espectacular: veinte senadores democristianos han presentado una interpelación al Parlamento acusando a seis magistrados de la capital de complicidad con las Brigadas Rojas. Está acusado también el fiscal jefe, Giovanni de Matteo, de no haber tomado medidas disciplinarias y penales contra dichos magistrados.La noticia, que ha creado gran preocupación en los ambientes políticos y en la misma opinión pública, no tiene, sin embargo, por ahora más fundamento que un presunto documento encontrado en una de las centrales terroristas en 1972. Los seis magistrados incriminados han respondido dura y tajantemente. Se trata de magistrados que pertenecen al grupo de Magistratura Democrática; es decir, el grupo de izquierdas de la magistratura nacional. Según estos magistrados, se trata sólo de una maniobra para desprestigiar a la parte más «abierta» de los jueces italianos.

Lo que ha hecho sospechar a algunos observadores de que pueda tratarse de viejos rencores es el hecho de que la interpelación de los veinte senadores democristianos está encabezada por Claudio Vitalone, que fue hasta hace poco uno de los fiscales más importantes en Roma y que en las últimas elecciones se pasó a la política activa presentándose con la Democracia Cristiana.

La prensa pedía ayer que se «aclare inmediatamente este asunto», porque la opinión pública no puede permitir que se ponga en tela de juicio en este momento el prestigio de la magistratura.

Por otra parte, el fiscal general de Roma, Pietro Pascalino, inaugurando el nuevo año judicial, ha lanzado una «catilinaria» contra los legisladores, sus compañeros y, sobre todo, contra la prensa. Ha pedido leyes «especiales» contra el terrorismo y la delincuencia común, afirmando que en los diez últimos años los procesos en Italia han aumentado el 122,3%. Ha pedido que se pase del «Estado de garantías» a la aceptación del «Estado de guerra interna», como prevé la Constitución en casos excepcionales. Pero la respuesta de Magistratura Democrática y de las fuerzas de izquierda ha sido unánime: «Declarar el estado de guerra interna significaría dar la razón a las Brigadas Rojas, que desean precisamente demostrar que han llevado el país a la guerra civil.»

De hecho, el Parlamento acaba de aprobar las nuevas normas extraordinarias contra el terrorismo, válidas por un año, haciendo una serie de correcciones presentadas por la izquierda. Se refieren, sobre todo, a la definición de «acto subversivo», a los registros de bloques enteros de casas y, sobre todo, a los casos en los cuales policía y carabineros puedan interrogar a un detenido acusado de terrorismo sin la presencia del abogado defensor y antes de advertirlo a la magistratura.

También el jefe del Estado, en la cumbre con los ministros de Justicia, Defensa e Interior, ha insistido en que no son necesarias leyes «especiales» que modifiquen la Constitución.