Negociaciones en torno a las enmiendas al proyecto de ley de referéndum

La Comisión Constitucional del Senado constituyó ayer una ponencia para informar el proyecto de ley orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum, encargada de dictaminar si se aceptan o no las veinticinco enmiendas presentadas por la Cámara alta a dicho proyecto. Esta es la solución adoptada para resolver el problema planteado en el propio seno de UCID, entre el Gobierno -que deseaba mantener el texto tal como venía del congreso- y el grupo parlamentario centrista del Senado, partidario de modificarlo.Tras la conversación mantenida a última hora de la tarde del martes entre el portavoz centrista en el Senado, Francisco Villodres, y el ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, fue conocida dicha solución. Existe la posibilidad de que el texto del proyecto sufra alguna modificación. En concreto, los senadores de UCD pretenden ser tenidos en cuenta a la hora de dictaminar la duración de los espacios en los medios informativos de titularidad pública durante la campaña de propaganda del referéndum. El texto del Congreso computaba únicamente el número de diputados.

Por otra parte, fuentes oficiosas han desmentido que el ministro y su equipo pretendan sancionar a los senadores que no sigan los criterios del Gobierno, ya que éste carece de potestad disciplinaria contra miembro alguno del partido. Las mismas fuentes han indicado que la conversación fue «distendida». Anoche mismo se produjo una nueva reunión de senadores de UCID con el ministro de la Presidencia, Pérez Llorca, y el secretario de Estado para el desarrollo constitucional, Juan Antonio Ortega.

Por su parte, el PSOE ha dado cuenta de las enmiendas presentadas por este partido. Entre otras, trata de limitar el tiempo que el Gobierno tiene para convocar a la asamblea de parlamentarios de la comunidad autónoma de que se trate, en el caso de que el resultado del referéndum de aprobación de un Estatuto fuese negativo en todas las provincias en que se haya celebrado la consulta.

Otra de las enmiendas trata de ampliar sustancialmente el abanico de partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales que pueden tener acceso a la participación en el referéndum, indicando que estarán facultados para hacerlo quienes hubiera tenido, al menos, un 1% de los sufragios emitidos en el ámbito a que se refiere la consulta, en lugar del 3% del texto inicial.