El convidado de piedra

LA FIRMA del acuerdo-marco entre la primera central patronal y la segunda central sindical del país, esto es, entre la CEOE y UGT, fija un razonable abanico de incrementos salariales para 1980, además de ocuparse extensamente de otras cuestiones que contribuirán a desarrollar el nuevo china de las relaciones industriales en la España Democrática. Pero la negativa de CCOO a suscribirlo, difícilmente disociable de las acaloradas disputas en torno al Estatuto de los Trabajadores, aprobado en el Congreso con el voto en contra de los comunistas, abre un serio interrogante sobre la eficacia práctica de ese pacto.Una dimensión indiscutiblemente positiva del acuerdo-marco es que hayan sido un sector del empresariado y un sector de los trabajadores sindicados sus actores. En este sentido, parece necesario subrayar que cualquier añoranza del intervencionismo del anterior régimen en labios de auténticos sindicalistas suena a burda demagogia. Aquel Estado autoritario y prepotente, que convirtió en figuras delictivas la sindicación de los trabajadores y el derecho de huelga y consideró causa justificada de despido el encarcelamiento de un asalariado por su lucha en favor de las libertades, trató de instalar válvulas de seguridad para evitar que la caldera del mundo obrero estallase. Así, mientras los dirigentes de Comisiones Obreras encartados en el célebre sumario 1.001 eran procesados y condenados, la estrategia del anterior régimen para evitar o enfriar el contagio descansaba en garantías del puesto de trabajo para los obreros no conflictivos, instaladas, a su vez, en un marco general de autoritarismo patronal, de prosperidad empresarial, de situación cercana al pleno empleo, de emigración de mano de obra a Europa y de estrecha colaboración con la Brigada Social par despedir a los revoltosos. En esta perspectiva, es lisa y llanamente lamentable que autorizadas voces de la izquierda puedan comparar desfavorablemente la actual situación de libertad sindical, derecho de huelga y democracia política en la que vivimos con el sórdido clima de represión generalizada, despidos de obreros por la defensa de los intereses de los trabajadores y disciplina cuartelaria de las décadas pasadas. Probablemente la ofensiva para aislar políticamente al PCE, la eliminación de CCOO como interlocutor en las conversaciones de julio entre la CEOE y UGT, y la marginación de los diputados comunistas en el debate del Estatuto de los Trabajadores expliquen parcialmente el enconamiento de las actitudes de la central comunista y su inaceptable embellecimiento de un pasado que han sufrido en propia carne sus dirigentes y militantes. Ahora bien, el brusco viraje hacia la cerrazón en las negociaciones y la utilización de argumentos a veces rayanos en el disparate histórico no terminan de cuadrar no sólo con la trayectoria de CCOO en los dos pasados años, sino también con el proyecto de un cuadro de relaciones laborales que resulte funcional para esa economía social de mercado que la Constitución garantiza. Hacia el futuro, lo decisivo es que las centrales sindicales se fortalezcan, maduren y consigan la adhesión del mayor número posible de trabajadores. La nostalgia de Girón o de Solís, que calafatearon el averiado barco del sindicalismo vertical con la inamovilidad del empleo para los obreros apolíticos en una coyuntura económica de prosperidad y con más de un millón de trabajadores emigrantes, en nada puede ayudar a construir ese marco de relaciones industriales que tanto los empresarios como los asalariados españoles necesitan para salir de la crisis, frenar el paro y afianzar las instituciones democráticas.

El acuerdo-marco, como señalan los propios firmantes, tiene un carácter de excepcionalidad en la negociación colectiva, justificada por la situación de crisis e incertidumbre por la que atraviesa la economía española. Su propósito es establecer unos puntos de referencia, esta vez sin intervencionismo gubernamental, que alivien la incertidumbre y encuadren las expectativas a la hora de iniciar las negociaciones salariales de los miles de convenios colectivos que esperan turno. Los asesores de CCOO tendrán que desplegar una amplia panoplia de argumentos para demostrar que un punto más en el nivel superior de la banda era condición sine qua non para suscribir un acuerdo-marco justo.

Evidentemente, los topes salariales podrían elevarse al 17%, al 25 % o al 50%, a gusto del consumidor. Ahora bien, es también un hecho que la banda del 13-16% ha sido contemplada de forma muy crítica por sectores del empresariado y de la Administración pública que temen que la inflación se mantenga todavía en niveles muy elevados y que el pan de hoy sea hambre para mañana. Recordemos que en Gran Bretaña la ruptura de los topes salariales, a pesar del petróleo del mar del Norte, llevó primero a, una inflación inusitada y después a la recesión, al desempleo y a la pérdida de capacidad adquisitiva de los asalariados ingleses frente a los trabajadores alemanes ojaponeses que habían pactado incrementos muy por debajo de los dos dígitos.

Por lo demás, el acuerdo-marco no se agota en la fijación de una banda de incrementos salariales. Prevé también la reducción de la jornada laboral a lo largo de los próximos años y tiene la virtud de encarar por vez primera las cuestiones de la productividad y el absentismo.

Resultaría a la vez imposible e improcedente juzgar quién ha ganado y quién ha perdido en las negociaciones entre la CEOE y UGT. La megalomanía del señor Ferrer Salat y la mirada oblicua hacia CCOO del señor Redondo han contribuido a restar capacidad de convicción a un acuerdo que, sin duda, la economía española necesitaba y que, probablemente, la mayoría de los empresarios y también de los trabajadores deseaban. Si CCOO, la más importante central sindical en un país de escasa afiliación, hubiera suscrito el acuerdo, las dudas que en estos momentos existen sobre lajusteza de sus términos se habrían evaporado. Sólo el tiempo dirá si la central comunista, convidado de piedra de las negociaciones, ha jugado demasiado fuerte en su envite y si su rigidez obedeció más a motivaciones políticas que a razones sindícales. En cualquier caso, los beneficios de afiliación que para CCOO podrían derivar de su plataforma más ambiciosa tendrán que compensarle del deterioro de sus relaciones con una UGT lanzada por los comunistas a los pies de los caballos y acusada como mínimo de debilidad y como máximo de traición. La unidad sindical y la unidad de la izquierda difícilmente pueden forjarse a golpe de insultos, de juicios de intenciones y de denuncias poco compatibles con el propósito de relegar al olvido las épocas de lucha fratricida entre socialistas y comunistas.