Importantes servicios pueden quedar mañana paralizados

Los funcionarios de la Diputación Foral de Navarra iniciarán mañana una huelga general indefinida que, de surtir efecto, podría paralizar la mayor parte de las actividades de la provincia, en tanto la Corporación foral no se avenga a negociar con una comisión de representantes del funcionariado foral las reivindicaciones que éstos plantean para 1980. Por el momento, no existe ninguna posibilidad de acuerdo, ya que la Diputación de Navarra entiende que no se puede negociar con los funcionarios, por estar éstos encuadrados dentro de una norma juirídica que ordena el régimen funcionarial.Durante una asamblea celebrada el pasado jueves, a la que asistieron unos quinientos de los 3.600 funcionarios forales de Navarra, la mesa negociadora de los trabajadores de la Administración foral acordó iniciar una huelga indefinida «ante la rotunda negativa de la Diputación a reconocer la capacidad de negociación de los representantes de los trabajadores». De esta forma, y si la huelga es secundada por todos los funcionarios forales, Navarra podría sufrir un colapso de consecuencias imprevisibles, ya que mientras dure la huelga dejarían de funcionar servicios tan elementales como bomberos, maestros, hospital de Navarra, maternidad, etcétera.

Por su parte, la Diputación Foral de Navarra, a través de una nota oficial, ha indicado que para 1980 ha decidido incrementar los sueldos de los funcionarios en una cantidad que oscilará entre el 14% y el 15% de la masa salarial bruta, si bien la solución definitiva no podrá adoptarse en tanto el Parlamento Foral no apruebe los presupuestos de 1980. Por lo que respecta a la posibilidad de negociar con los funcionarios, la Diputación ha indicado que «entre ella y los funcionarios no cabe la negociación colectiva como sistema para la regulación de la condición de empleo, ya que el funcionariado no se encuentra frente a la Administración en una situación contractual, sino en un estatus reglamentario que tiene su origen no en el pacto entre el funcionario y el poder público, sino en la norma jurídica que dirige y ordena el régimen funcionarial. Consecuentemente con ello, el funcionario ni negocia ni pacta su prestación de servicios, sino que se encuadra en un régimen general impersonal y anterior incluso a su nombramiento».