Las tensiones entre ministro y funcionarios paralizan las obras públicas

Una pugna entre los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Ministerio de Obras Públicas y el ministro y el subsecretario del departamento está provocando una paralización de la actividad del mismo. Desde primeros de mes, los funcionarios han iniciado un paro técnico, que se manifiesta en la negativa a firmar las certificaciones de obras que sirven a los contratistas para cobrar en Hacienda. Las empresas del sector de obras públicas son las directamente perjudicadas por la situación, ya que sufren un retraso en los cobros que se ha estimado entre 10.000 y 13.000 millones de pesetas. Algunas sociedades han señalado que tienen dificultades para pagar sus nóminas y sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.Los sucesivos intentos de compromiso entre el ministro y los funcionarios han fracasado a lo largo de los últimos días, y el subsecretario, señor Alonso Olea (técnico de la Administración civil del Estado), ha sido declarado prácticamente persona non grata por los funcionarios, quienes le han descalificado como interlocutor válido.

El origen del conflicto hay que buscarlo en la política de reestructuración que realiza el actual equipo ministerial, que, según explicaron en un escrito las asociaciones de funcionarios y las centrales sindicales, «constituye un grave obstáculo para conseguir una reforma democrática de la Administración».

«En contraposición a estos principios», dicen los firmantes, «estamos asistiendo a un nuevo proceso de instrumentalización del MOPU por el poder político -y en este caso, al servicio del partido en el Gobierno- y a una paulatina destecnificación, derivada del nuevo papel que los grupos de presión económicos y políticos, a través del aparato del Estado, han impuesto a este Ministerio.»

Esta política se concreta en una serie de decretos y órdenes ministeriales, ya en vigor o a punto de publicación, como consecuencia de los cuales el ministro puede nombrar delegados provinciales de Obras Públicas a funcionarios titulados superiores ajenos al Cuerpo de Ingenieros de Obras Públicas. Los trabajadores consideran que, por su idiosincrasia, «este Ministerio es una eficaz arma electoral» y piden una norma que regule objetivamente la provisión de vacantes, porque actualmente todos los nombramientos dentro de este departamento «se hacen a dedo».

Finalmente, los firmantes del escrito llaman la atención de la opinión pública sobre el progresivo deterioro de las actividades del MOPU, en particular del abandono, ya evidente, de la conservación de las infraestructuras y equipamientos existentes.

El conflicto ha supuesto una retención de 8.000 a 10.000 millones de pesetas sólo para las empresas de SEOPAN, según manifestó ayer el presidente de esta sociedad, en el transcurso de una asamblea general ordinaria. «SEOPAN», dijo, «comprende la preocupación de los funcionarios del MOPU, pero cree que deben adoptarse medidas antes de que los daños puedan ser irreparables.