Los sucesos del jueves

ANTEANOCHE EN Madrid, una gran manifestación, convocada por CCOO, USO, CSUT y SU para protestar contra el proyecto del Estatuto de los Trabajadores, fue violentamente rota, cuando estaba llegando al final del recorrido sin la más mínima alteración de orden público, por grupos extremistas. Como consecuencia de esta intervención, que buscaba obviamente el choque con las Fuerzas de Orden Público y originó también ataques contra miembros del servicio de orden de CCOO, hay que lamentar la muerte de dos jóvenes. Se dan, pues, triste cita en este comentario hechos muy diversos que ni deben ni pueden amalgamarse en el análisis. La ruptura de la manifestación, con desprecio hacia los miles y miles de trabajadores que la formaban, constituye una muestra más de la puesta en práctica de los principios de la ultraizquierda, siempre dispuesta a ocupar con su mínimo volumen todo el amplísimo espacio de la clase obrera. ¿Qué razones, qué argumentos y qué lógica pueden justificar que, precisamente en el seno. de una concentración de más de 100.000 trabajadores, unos centenares de personas contraríen la expresa y clara voluntad pacífica de los manifestantes y traten de imponer un giro cualitativamente distinto a su orientación? La enorme dificultad de responder a esa pregunta explica la irrefrenable tendencia a interpretar provocaciones objetivas como la de anteayer en términos de una provocación calculada y maquiavélicamente concebida, con agentes a sueldo incluidos. La descarada manipulación informativa del Gobierno y de Televisión Española acerca del dinero que llevaba encima uno de los muchachos muertos, empleado de una agencia de viajes que se pagaba su carrera trabajando, y del supuesto lugar de cita de los revoltosos sólo puede entenderse por una incurable ineptitud para analizar cuestiones complejas.Que la ruptura de la manifestación fue una provocación nos parece indudable. Pero no hace falta recurrir al lamentable cliché de los agitadores pagados para explicar algo que, desgraciadamente, es fácil de interpretar mediante el fanatismo y el doctrinarismo de la ultraizquierda, sectores, por lo demás, propicios a manipulaciones e infiltraciones del más variado signo. De otro lado, sería inadmisible que la necesaria condena de los provocadores evite otras consideraciones en torno a los problemas que la muerte de Emilio Martínez y de José Luis Montañés plantea o sirva para hacer recaer la responsabilidad última de lo acontecido en quienes organizaron la manifestación y la permitieron. La democracia no consiste sólo en unas reglas de juego para articular la conquista del poder, sino también, y sobre todo, en un conjunto de valores y de principios. El creciente griterío de voces que atacan a la democracia, simulando acatarla o fingiendo defenderla, tan sólo indica el débil enraizamiento en nuestro suelo de esos valores y principios y la delgada capa de oportunismo que recubre la maleza autoritaria lista para rebrotar.

Así, pues, parece un deber recordar que la vida de un hombre es siempre sagrada y que incluso en los casos de defensa propia, máxime cuando son hombres armados y con uniforme los agredidos, la adecuación entre fines y medios es una imperiosa exigencia en una sociedad civilizada que, como la nuestra, se precia además en influyentes sectores de los principios del humanismo cristiano. Hasta que una investigación judicial no esclarezca los hechos, será imposible determinar si esas dos muertes pudieron ser evitadas y si los disparos que las causaron procedieron, efectivamente, de los policías nacionales cuyo jeep había sido asaltado por un grupo de revoltosos. El dato de que corresponda a la jurisdicción ordinaria la competencia de este sumario y la casual circunstancia de que sea un magistrado de Justicia Democrática el encargado de su instrucción desvanecerán, sin duda, reticencias y desconfianzas de quienes por principio temen que esos asuntos terminen en un simple carpetazo. La actitud de las autoridades policiales al poner a disposición del juez instructor a los presuntos responsables de los homicidios -la dotación del jeep- es un dato alentador respecto al control efectivo que en una democracia se debe ejercer, sobre las actuaciones de las Fuerzas del Orden.

Por último, es necesario subrayar que el sangriento desenlace de la manifestación del pasado jueves, que hasta ese momento había transcurrido de manera pacífica gracias al eficaz servicio de orden de los organizadores y a la respetuosa actitud de las Fuerzas de Orden Público, no es, en modo alguno, un argumento congruente para negar a los ciudadanos españoles el derecho a manifestarse. Esa libertad pública, garantizada por el artículo 21 de la Constitución, sólo excepcionalmente puede ser restringida o suspendida.