La destitución del presidente del ENI italiano puede ser anticonstitucional
En el contencioso entre el Gobierno italiano y el ENI (Organismo Nacional de Petróleos), por el escándalo de los petrodólares saudíes, ha estallado un caso jurídico constitucional. Según un grupo de magistrados, la decisión del primer ministro, Francesco Cossiga, de suspender temporalmente en sus funciones al presidente del ENI, Mazzanti, es nula, porque no ha sido planteada al jefe del Estado, y también sería nulo el nombramiento del comisario extraordinario que sustituirá a Mazzanti.
La base de esta toma de postura de los magistrados radica en el artículo diecinueve del estatuto del ENI: el presidente del ente deberá ser nombrado por el jefe del Estado, bajo propuesta del presidente del Gobierno, una vez oído el Consejo de Ministros. Lo mismo ocurre con el nombramiento del comisario en caso de «graves irregularidades» en la gestión.Ahora bien, en este caso el presidente de la República, Sandro Pertini, no sólo no ha firmado el decreto de suspensión de Mazzanti, ni ha nombrado al comisario que le sustituye, sino que ni siquiera ha sido consultado.
Mientras tanto siguen las hipótesis sobre una lucha intestina entre partidos y entre grupos en el interior de las formaciones políticas, sobre todo en el Partido Socialista y en la Democracia Cristiana. De hecho, ahora con el nombramiento del comisario extraordinario, la Democracia Cristiana tiene en la cumbre del importante ente a uno de sus hombres de confianza, ya que Mazzani era más bien el hombre de la izquierda del Partido Socialista, amigo personal del vicesecretario general, Claudio Signorile.
La prensa, los sindicatos y las fuerzas de izquierdas se preguntaban ayer por qué ha debido pagar el mayor precio del escándalo, de los pagos a intermediarios en la compra de petróleo saudí, un técnico como Mazzanti, quedando impunes aquellos políticos que tenían la responsabilidad de haber evitado o descubierto en seguida el escándalo.
