El Gobierno no comenta la creación de la comisión sobre torturas del CGV

Un cauto silencio reina desde ayer en torno al secuestro de Javier Rupérez, mientras se mantienen las expectativas de una pronta liberación del diputado de UCD, que fue secuestrado por ETA (político-militar) hace ya casi un mes. El Gobierno se ha limitado a constatar la creación en el seno del Consejo General Vasco, el jueves, de una comisión investigadora de presuntas torturas a detenidos.

Aunque en los primeros días del secuestro el portavoz del Gabinete expresó la opinión de que el CGV no tenía competencia para crear una comisión tal, ayer, en su habitual conferencia de prensa de los viernes, Josep Meliá se limitó a decir, al ser preguntado sobre el tema, que el Gobierno ha constatado la decisión del órgano vasco.Por su parte, el presidente del comité pro liberación de Javier Rupérez, Joaquín Ruiz-Giménez, manifestó ayer la Radio Nacional de España, que no hay que considerar lo realizado en torno al secuestro como una negociación en el sentido estricto de la palabra, sino que «cuanto se ha hecho hasta ahora no es más que la aplicación de medidas legales, de forma perfectamente coherente con el espíritu de nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico».

Entre estas gestiones, Ruiz-Giménez citó la iniciativa tomada en el Parlamento para que se cree una comisión investigadora y el gesto paralelo del CGV. Asimismo añadió que las expectativas sobre la liberación del diputado están abiertas desde el principio, pero que cualquier información precipitada sería nociva, por lo que pidió la colaboración de los medios informativos.

Txiki Benegas, secretario general del PSOE vasco y miembro del CGV, declaró que en principio no debe pensarse que existe una relación entre la creación de la comisión y el secuestro de Rupérez. El hermano del secuestrado, Ignacio Rupérez, manifestó que la familia procura no precipitarse en sus ilusiones, aunque mantiene un cierto optimismo.

Por otra parte, ayer fueron puestos en libertad cuatro presuntos miembros de ETA (militar), detenidos a raíz de la muerte en atentado de un guarda jurado en Oyarzun, y que habían ingresado en Martutene por orden del juez. Son María Beloki, Marcel Puente, Manuel Santiago Fontán y Juan Ramón Azcárate.