El Día de Andalucía

Los VIOLENTOS incidentes y las abiertas provocaciones de la ultraderecha en Córdoba y Sevilla, probable consecuencia de la euforia producida por la movilización, del 18 de noviembre en Madrid, han ensangrentado la celebración del Día de Andalucía. Desgraciadamente, no cabe circunscribir tan lamentables sucesos a una simple fechoría de esos engallados matones, que la autoridad gubernativa y el poder judicial deben investigar y sancionar con la misma severidad y rigor que cuando los infractores de la ley se sitúan en el extremo opuesto del espectro. Hay ya suficientes indicios para temer que la estela de los movimientos autonomistas, tan irresponsablemente promovidos en su día por UCD para anegar las reivindicaciones catalanas y vascas como arriesgadamente asumidos ahora por la izquierda parlamentaria con implantación nacional, va a ser utilizada no sólo para potenciar la capacidad de arraigo de algunas opciones de la izquierda extraparlamentaria, sino también para agrupar en torno de la ultraderecha a corrientes de opinión sensibilizadas a la idea de unidad nacional o críticas respecto a los absurdos extremos a los que pueden conducir los planteamientos folklóricos de las autonomías.Andalucía va a ocupar ahora el escenario de esa confusa batalla donde coexisten agravios seculares y reivindicaciones populares auténticas con las ambiciones de la clase política subalterna, siempre inquieta ante la perspectiva de la ocupación de áreas de poder y de prestigio, y con las maniobras a escala nacional de los grandes partidos. No se puede negar o infravalorar los gravísimos problemas de emigración, paro y bajo nivel de ingresos de Andalucía (o, con las correspondientes diferencias, de Galicia). Y el fortalecimiento de las instituciones de gobierno local es una medida indispensable para que los andaluces -y los gallegos- puedan administrar con mayor eficacia y justicia sus recursos. Pero entre esa apuesta en favor del acercamiento a los ciudadanos de los centros de decisión y gestión y la mitificación acrítica de los futuros estatutos de autonomía hay un abismo. Un abismo, por lo demás, al que puede caer despeñada la naciente democracia española.

No se trata sólo de que frente al lema de Blas Infante «Por Andalucía, por España y por la Humanidad» el neoandalucismo radical llegue a los extremos esperpénticos de negar a la bandera rojigualda el derecho de acompañar a la verdiblanca, ampliando así la clientela potencial de próspero negocio montado por la ultraderecha a. fin de monopolizar los símbolos comunes a todos los españoles. Igualmente grave es la artificial creación por la clase política, que ha saltado a la grupa del andalucismo ofendido, de falsas expectativas acerca de las mágicas virtudes del Estatuto de Carmona. Es seguro que la rápida creación de las instituciones de autogobierno multiplicaría los cargos, los sueldos y los símbolos de status de los políticos profesionales. Pero no se puede vender a los andaluces la autonomía como una especie de purga de Benito que hay que ingerir cuanto antes para resolver, como por ensalmo, los tremendos y agobiadores problemas de la emigración, el paro, la pobreza, el reparto de la tierra, la industrialización, la deficiencia de los servicios sanitarios o fa escasez de escuelas. Por esa razón, cuando el señor Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, convierte en una «cuestión ética» la celebración del referéndum ni un día después del 28 de febrero de 1980 y considera un insulto a su conciencia la posibilidad de que la aprobación por las Cortes de la ley orgánica para los referendos retrase algunas semanas esa convocatoria, no cabe sino preguntarse qué moral es la que se enseña en los seminarios de formación del PSOE y dónde cabe incluir las preferencias éticas por los decretos-leyes.

Nadie puede ignorar que el desempleo, el hambre, la miseria y los viejos anhelos de acceder a la propiedad de la tierra hacen de Andalucía un polvorín en potencia. ¿Qué sentido tiene entonces que los errores del ejecutivo, la pugna del PSOE con UCD por el Gobierno y con el PSA y el PCE por la hegemonía electoral, y el oportunismo de los restantes partidos de la izquierda estén preparando una eventual frustración de las desmesuradas expectativas que el espejismo de la urgente e inaplazable autonomía están creando? De acuerdo con el artículo 151 de la Constitución, el referéndum de iniciativa debe obtener «el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia», y una vez aprobado tiene que ser seguido por un nuevo referéndum para ratificar el texto votado por la Comisión Mixta en el Congreso. No es dificil que a lo largo de ese camino algunas de las ocho provincias queden al margen. Pero, sobre todo, es poco probable que los beneficios de las instituciones de autogobierno estén, a corto y medio plazo, a la altura de las descomunales expectativas suscitadas en el pueblo andaluz por la mayoría de los partidos que lo representan.