La izquierda, y los nacionalistas, contrarios a que el delegado del Gobierno presida la Junta de Seguridad

La Comisión Constitucional del Congreso concluyó ayer, en poco más, de tres horas, el debate en torno a la ley orgánica de policías de las comunidades autónomas, sobre la que habrá de pronunciarse el próximo Pleno de la Cámara. La mayoría de los textos aprobados hablan sido consensuados en la ponencia, por lo que se produjo una retirada masiva de enmiendas. El tema más debatido fue la atribución de la presidencia de las juntas de seguridad al delegado del Gobierno en la respectiva comunidad autónoma, que contó con el rechazo de la izquierda y los grupos nacionalistas, especialmente explícito por parte del PNV.

La ponencia acordó, por mayoría, un apartado según el cual las juntas de seguridad, conforme al artículo 154 de la Constitución, «serán presididas por el delegado del. Gobierno en el territorio de la respectiva comunidad autónoma». El artículo citado dice así: «Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la comunidad.»Marcos Vizcaya expresó la profunda oposición del PNV a lo que calificó de «interpretación extensiva de la Constitución ». En su opinión, el delegado del Gobierno no debe ser «un personaje tan importante en la comunidad autónoma». Expresó su criterio de que dicho delegado sólo está concebido en la Constitución como coordinador de la administración periférica, mientras que las máximas competencias en materia de policía dentro de la comunidad autónoma corresponden, según el Estatuto de Guernica, a una junta de seguridad paritaria. Añadió que el carácter paritario de esta junta «no debe levantar suspicacias».

En defensa de sus respectivas enmiendas, los demás grupos de oposición rechazaron también la configuración del presidente de la Junta de Seguridad, teniendo en cuenta que a ésta corresponderá determinar «el estatuto, reglamento, dotaciones, composición numérica, estructura y reclutamiento de los miembros integrantes de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas». La Minoría, Catalana se opuso a la existencia de esta presidencia y su diputado Llibert Cuatrecases defendió que ocupara dicho cargo el presidente de la comunidad autónoma; los comunistas propusieron una presidencia colegiada, y los socialistas, contrarios a la existencia de presidencia de la Junta de Seguridad, manifestaron que, en caso de haberla, debería ser rotatoria y no contar con el votó de calidad.

El grupo centrista logró sacar adelante la figura del presidente-delegado gubernativo por sólo un voto de diferencia (diecisiete contra dieciséis, en ausencia de los señores Fraga -CD- -y Piñar -Grupo Mixto-) y fueron rechazadas las enmiendas que proponían textos alternativos o la supresión del apartado. A requerimiento de los socialistas, los centristas Joaquín Satrústegui y Rodolfo Martín Villa se esforzaron en tranquilizar a los demás grupos sobre el carácter normal de la presidencia de las juntas de seguridad. El señor Martín Villa aseguró: «No pretendemos que la presidencia de la Junta de Seguridad sea un sistema para la imposición unilateral de decisiones.»

La mayoría de los restantes textos del proyecto de ley fueron aprobados por unanimidad o por unas mayorías muy amplias, y casi siempre con la impenitente abstención del diputado de Unión Nacional, Blas Piñar, quien no intervino en ningún momento en el debate.

La posibilidad de que los cuerpos de policías autónomas sean financiados, además de por las respectivas comunidades autónomas, por las diputaciones provinciales o forales o las corporaciones insulares que corresponda, suscitó el voto en contra de socialistas y comunistas.