Oír a los juristas

«El envío a las Cortes del anteproyecto del Código Penal ha suscitado recelos y suspicacias entre los profesionales del Derecho, no por el hecho en sí, sino por su procedimiento. De esa conciencia profesional herida queda constancia en los coloquios que sobre el tema se han desarrollado en el Colegio de Abogados y que han supuesto una fuerte toma de posición crítica ante un proyecto que, al margen de sus cualidades técnicas -que no vamos a enjuiciar aquí-, está ya herido por la, irregularidad que creemos imprudente de su elaboración y publicidad.Ciertamente, un Código penal es una ley Fundamental, por cuanto a través de él se ejerce la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos. ( ... )

De esa importancia se desprende la necesidad de que su elaboración no adolezca de ninguna anomalía o irregularidad, entre las cuales puede figurar -y lamentablemente ha figurado- la falta de audiencia a los estamentos más cualificados del Derecho: colegios de abogados, facultades de Derecho, academias de Jurisprudencia. Audiencia que no puede suplirse por la indiscutible competencia, valía profesional y prestigio del grupo reducidísimo de juristas que, con la representación de sus propias y personales virtudes, han acometido la ingrata y ardua labor de culminar, a marchar forzadas, un empeño que requiere sosiego y múltiples asesoramientos que no serían desdoro, antes enriquecimiento de sus opiniones. ( ... )

¿Por qué ha podido tacharse de "clandestino" e "inconstitucional" el proceso de elaboración de este proyecto? Nada más fácil que haberlo desarrollado a la luz de los juristas que, como abogados, actúan día a día sobre el cuerpo social, enfermo en sus transgresiones penales. Sería lamentable que un escrúpulo de anticorporativismo o antiorganicismo -como equivocada defensa del fuero parlamentario- hubiera sido la causa de esta marginación de los juristas en algo tan específico de su misión como el Derecho y tan capital para la sociedad como la ley de más inmediata y cotidiana incidencia sobre ella como la penal.

Ha habido otra insinuación de especial gravedad si tuviera fundamento: el posible pacto político para la elaboración del Código Penal.

Ese "consenso" introduciría un elemento gravísimo de distorsión y perturbación en el texto legal que lo falsificaría en el fondo, lo viciaría en la forma y marginaría a un amplio sector de su destinatario -la sociedad-, que no puede quedar en la tutela de sus intereses y garantías jurídicas -para cuando delinca y cuando no delinca-, a merced de los avatares de la política, si ésta se limita a interpretar corrientes no verificadas, por lo demás, ni como legítimas ni como mayoritarias, ni como saludables.»

, 1 de diciembre