Autoridad de conciencia

Si la jerarquía eclesiástica española posee la autoridad -en cantidad y calidad - que dice ejercitar, debería abstenerse de «advertir» al poder civil, de amenazarle, para, a través de ello, buscar, como siempre en su historia, el apoyo del brazo secular. Si se opone al divorcio, por razones confusas, insuficientemente explicadas y, para un espectador objetivo, probablemente turbias, manténgase dentro de los límites de su poder espiritual.No se oponga a que la ley civil instaure el divorcio, con amenazas y presiones que caen muy por fuera de sus competencias -incluso en función de la legalidad que teóricamente defiende- y ejerza sólo a posteriori toda su autoridad de conciencia para que sus fieles y seguidores no hagan uso de esa ley y ese derecho. Puede incluso utilizar la excomunión para aquellos que usen de tal derecho al divorcio, que desde el punto de vista civil es impecable, y si llegara a advertir que sus seguidores no le siguen o sus fieles no lo son tanto, reconozca su papel y luche en su propio terreno por esa autoridad moral que ella misma parece considerar perdida al recabar el apoyo de la otra autoridad. No la asuste comprobar por esa vía el alcance real de su poder. Considere a qué poder se dirige con sus advertencias y veladas amenazas y, sobre todo, con qué autoridad pretendidamente infalible actúa.

¿Con la que llevó a tantos españolesa la hoguera o a la muerte en las plazas públicas de las ciudades con la ayuda del poder civil en la Inquisición, con un afinado desprecio hacia la vida -que ahora dice defender con pasión en lo más íntimo de la biología procreativa, y hacia la libertad de pensamiento, en cuyo nombre proclama ahora su derecho a su facultad educativa clasista y a participar desestabilizadoramente en los presupuestos estatales?

¿O con la que apoyó la guerra fratricida, brazo en alto, llamando a la muerte -una vez más- cruzada?

¿Por qué escuchamos la voz y los lamentos de la Iglesia sólo en aquellas cuestiones que atañen al mantenimiento de una sociedad injusta y sólo en aquellas sociedades donde en contra de su misma esencia comparte el poder y los presupuestos?

¿Por qué, en suma, no hace públicos la jerarquía española los debates de la Conferencia Episcopal, para que se sepan tanibién las razones que en su propio seno se oponen a sus infalibles e inefables posiciones?