Intentos para evitar la crisis planteada por Gran Bretaña

Las últimas horas antes del inicio de la cumbre de los jefes de Gobierno de los nueve países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) se han consumido en la búsqueda precipitada de una fórmula que obvie la crisis planteada por Gran Bretaña y su negativa a seguir aportando al presupuesto comunitario la elevada cifra que le corresponde.La fórmula podría consistir en que los jefes de Gobierno se limiten a aceptar en abstracto la petición británica de reducir su aportación, sin entrar a discutir cifras concretas, dejando que sean los ministros de Hacienda quienes discutan después la aplicación de este acuerdo en la práctica.

La cumbre se inició a las tres de la tarde de ayer, después de un almuerzo ofrecido por el presidente de Irlanda, Patrick Hillery. El escenario es el castillo de Dublín antigua y fortificada residencia de los gobernadores británicos en la isla. Los jefes de Gobierno de los nueve examinarán en primer lugar un informe de la Comisión sobre la situación económica de la CEE, informe bastante pesimista, dada sobre todo la repercusión de la subida de los precios del petróleo en la economía de cada uno de los países comunitarios. El segundo punto del orden del día es el presupuesto y la petición del Gobierno de Margaret Thatcher.

Pero la agenda de la cumbre de Dublín no acaba ahí. Para España tiene particular interés la decisión que adopten los nueve -si es que la adoptan- sobre el llamado «informe de los tres sabios», en el que se analizan las repercusiones en las instituciones de la CEE de la ampliación a doce miembros con la entrada de Grecia, Portugal y España.

El «informe de los tres sabios» -el inglés Dell, el francés Marjolin y el holandés Biesheuvel- no ha satisfecho a nadie, ni siquiera a Francia, el país más interesado inicialmente en su realización. En efecto, los tres «sabios» reflejan algunas tesis francesas, pero sugieren también que los cuatro grandes -Francia, Gran Bretaña, Italia y la República Federal de Alemania- renuncien a uno de los dos miembros que cada uno designa en la actualidad en la Comisión. Resultarían beneficiados así países pequeños, como Dinamarca o Bélgica que cuentan en la actualidad con un único representante. Los tres «sabios» tampoco han encontrado una solución tajante al problema del voto mayoritario dentro del Consejo europeo; es decir, en las reuniones de jefes de Gobierno. Hasta ahora, las decisiones del Consejo se toman por unanimidad, incluso en temas de relativa poca importancia. El informe propone que sólo se recurra al derecho de veto cuando estén en peligro «importantes intereses» del país que los ejerce. Y en ese caso debe solicitar expresamente que ese punto en concreto que desee vetar se declare de «gran interés» para su país.

La Comisión y su presidente, Roy Jenkins, desean también que los jefes de Gobierno se pronuncien sobre un informe que ha elaborado en relación con la política energética. La Comisión estima que los nueve deben fijar claramente sus objetivos de importación de petróleo para 1980, así como proseguir el diálogo con el COMECON a este respecto. Desean también que los nueve promocionen los estudios sobre gasificación y licuación del carbón, y que planteen normas fijas para dirimir los conflictos planteados con las instalaciones de centrales nucleares en zonas fronterizas. En el plano de la política agrícola, el más importante de la CEE, el vicepresidente de la Comisión, Gundelach, intentará convencer a los nueve de la conveniencia de su plan para reestructurar el sector, pero parece claro que Francia no lo aceptará porque afecta, muy especialmente a sus intereses como productor lácteo.

Se queja igualmente la Comisión de que los Gobiernos comunitarios no han sido capaces aún de tomar decisiones sobre te rhas cotidianos de escasa trascendencia política, pero de gran repercusión a nivel de la opinión pública, como el permiso de conducir europeo o la supresión de controles fronterizos. Difícilmente se podrá así llevar a la mentalidad de los ciudadanos de Francia, Gran Bretaña o Dinamarca la idea de que existe una Comunidad supranacional.