El Ayuntamiento de Barcelona estudia posibles acciones por las irregularidades en el Metro

El Ayuntamiento de Barcelona remitió los doce volúmenes que integran la auditoría del Metro de la Ciudad Condal a los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento. Estos servicios deberán dar su opinión sobre la forma de obrar en el terreno legal. Concretamente, habrán de dictaminar si encuentran materia para remitir la auditoría al ministerio fiscal o incluso presentar una querella criminal.

Otra posible actuación -según fuentes responsables- sería el solicitar de antiguos altos cargos de la compañía. la devolución de parte de los haberes percibidos durante sus mandatos. En el centro de este tema, las fuentes sitúan a Miguel Cabre Llistosella, quien fue director general del Metro y también de los autobuses municipales bajo el mandato del alcalde franquista José María de Porcioles.El sueldo anual percibido por ambas funciones, por Miguel Cabre, en 1976, fue de 7.400.000 pesetas. Las fuentes consideran que posiblemente hubiese tenido que percibir únicamente el sueldo correspondiente a una de las dos funciones, es decir, aproximadamente la mitad de lo percibido. Sobre este particular, el Ayuntamiento y el consejo de administración del Metro deberán pronunciarse en los próximos días.

Curiosamente, Miguel Cabre acumulaba dichas funciones en el terreno del transporte público con la de presidente del salón internacional del automóvil de Barcelona, institución que está básicamente al servicio del automóvil como vehículo de transporte privado. Al ser cesado Cabre por Socías, aceptó una jubilación que representa sólo una cuarta parte de lo que le correspondía según un idílico contrato suscrito con el Ayuntamiento, cuando éste era encabezado por Porcioles.

Otro punto de interés es la apancion en la colocación de por lo menos una emisión de obligaciones del Metro -por importe de 2.000 millones de pesetas-, de Emilio Alberto Hap Dubois, quien pertenecía únicamente a la compañía de autobuses. Hap, de ongen vietnamita, y actualmente cónsul honorario de Campuchea, en Barcelona, fue cesado fulminantemente bajo el alcalde Socias. Actualmente su contrato de prestación de servicios es objeto de una demanda de nulidad presentada por el municipio, a través del bufete del profesor Rafael Jiménez de Parga.

En la auditoría, el nombre de Hap va unido al de un intermediario financiero llamado Diego Reyes Silva, así como a una financiera denominada Intra América Funding Limited, con sede en las islas Bahamas. A todo ello, hay que sumar el sorprendente conjunto de relaciones establecidas entre el Metro barcelonés y,el Banco Atlántico.

La auditoría acredita también una serie de relaciones con empresas que utilizaban, de formas diversas (publicitariamente o con servicios), las estaciones de Metro. Todas estas relaciones, según el concejal ahora responsable del tema, estarán sujetas a revisión. En este apartado figura en la auditoría un contrato arrendando la concesión de las máquinas de pesar personas, existentes en numelrosas estaciones, a la compañía Davi y Cia, SL, que aparece representada por la gerente de esta empresa privada, la señora Montsenrat Tarragona Corbellá, esposa del que fue alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, ambos asesinados por un comando terrorista. La fecha de este contrato es noviembre de 1962, es decir, cuando el alcalde de Barcelona era aún Porcioles. En un primer análisis, el contenido del contrato no destaca de los restantes de carácter similar, ni muestra condiciones dignas de especial mención. La falta de transparencia en la contratación de las concesiones, fruto de la falta de información pública y del uso de la contratación directa, así como la prórroga sistemática de los contratos de concesión, son el denominador de la política seguida por el Metro barcelonés.