Una decisión política grave

Miembro del Comité Ejecutivo del PCE

Se veía venir. Se veía venir ese recorte discriminatorio del Estatuto gallego, comparado con los aprobados para Euskadi y Cataluña. Y se veía venir, sobre todo, desde el momento en que UCD viró más a la derecha a partir de las elecciones de marzo y la investidura, y desde que el resultado de las municipales de abril le ha producido un cierto sobresalto, incluso en el caso de Galicia.

El propósito de ese recorte, que existe ya desde hace meses, confirma una experiencia histórica: la de que la derecha y en general la oligarquía es alérgica a las autonomías. Muy especialmente cuando se trata de Galicia. Ello a pesar de que, como en este caso, domine las propias instituciones autonomistas.

A UCD le faltaba la fórmula que revestiría el recorte, y las condiciones para que la tendencia de orientación galleguista de su partido no se revelara. Al fin la ha encontrado. La responsabilidad de UCD es absoluta, mas en ella también tiene parte Coalición Democrática, dirigida por el señor Fraga, que facilitó la tarea ucedista. La ausencia de los grupos vasco y catalán contribuyó a que prevaleciera la discriminación de Galicia. En la lentitud del proceso estatutario gallego y en el mantenimiento del 3 % referido al censo existen otras responsabilidades.

El 20 de diciembre de 1978, en un artículo en Faro de Vigo, recordando la experiencia histórica de los años treinta, llamábamos la atención sobre la eventualidad que hoy se confronta. Al analizar el significado de la Constitución aprobada subrayábamos el peligro que podía significar un retraso en la presentación del Estatuto Gallego. Porque unas elecciones generales o un eventual viraje hacia un Gobierno de centro-derecha podría dejar, una vez más, descolgada la autonomía de Galicia respecto a las otras dos nacionalidades históricas: Cataluña y Euskadi. «Atención al tiempo físico y político; atención al ritmo», concluíamos.

Los hechos vienen a incidir en ese sentido. Porque si la descolgadura no es como en 1933, los propósitos revisten quizá más gravedad. La decisión tomada por UCD de incluir en el Estatuto una disposición transitoria que priva a los órganos autonómicos gallegos de competencias que resultan ser fundamentales, lleva a que la autonomía pierda su rasgo esencial: la capacidad de decisión y de negociación, dentro del marco establecido por la Constitución del Estado. Pero, en mi opinión, más importante aún que el contenido jurídico-político es el sentido discriminatorio respecto a Galicia con relación a las otras dos nacionalidades históricas que comporta esa transitoria. Esta inflige una humillación a un pueblo que, ironías de la vida, votó mayoritariamente por UCD. Se comprueba que en política, en la política en que la hegemonía la tienen los grupos oligárquicos, no deciden las consideraciones morales o sentimentales, sino la presencia política. Y en este caso la izquierda se encuentra en minoría. Si ocurriese al revés, el pueblo gallego no sería humillado.

He leído en Informaciones lo que dice Ramón Piñeiro, un galleguista de siempre, y, por tanto, compañero de lucha por la democracia y la autonomía. «UCD ha actuado», dice, «con soberbia y ha abusado de su propio poder.» Predice que eso le traerá consecuencias.

Lo primero es una gran verdad. Lo segundo depende de la capacidad de todas las fuerzas autonomistas gallegas para hacer comprender al pueblo lo que significa, como discriminación, el recorte impuesto al Estatuto y otras limitaciones, y lo que significan y a quién representan las fuerzas extragallegas y gallegas que dentro de UCD ha impuesto esa política.

En este mismo diario indicábamos, en julio último, que esas fuerzas eran el obstáculo principal a las aspiraciones autonomistas gallegas. Porque no están interesadas en la autonomía ni en la democratización del Estado. Por el contrario, consideran más rentable, política y económicamente, la perduración del entramado caciquil que la eventual implantación, a los distintos niveles, de instituciones democráticas.

Claro que si no la corrige, la grave humillación que UCD le inflige al pueblo gallego puede costarle cara. Creo que en ese sentido UCD se ha equivocado. Ha confundido lo que viene sucediendo en Galicia, revelador de una conciencia política, insuficientemente desarrollada, debido a factores históricos sociales en los que el subdesarrollo y el minifundismo son determinantes, con la ausencia de sentimiento nacional gallego. Pero en esto que nadie se llame a engaño: el sentimiento nacional gallego es muy profundo, aunque en parte se halle reprimido y soterrado. Ojalá que en este caso ese sentimiento llegue a desarrollarse y a sensibilizarse y que se cree la conciencia política que el pueblo gallego necesita para reclamar sus derechos.

La política de UCD puede no sólo dañarla a ella, sino afectar al interés del Estado democrático. Ya en otras ocasiones hemos llamado la atención sobre el hecho de que si la incomprensión del Gobierno, la presión centralista, las maniobras de la derecha de UCD gallega llevasen a recortes del Estatuto, hasta el punto de que éste no pudiese ser asumido por los autonomistas, el peligro de que las corrientes nacionalistas, maximalistas, hoy muy minoritarias, se desarrollasen, podría ser un peligro real, derivándose nuevos obstáculos en la vía de la consolidación democrática. ¿Es acaso eso lo que se pretende?

A juzgar por ciertos indicios, pareciera ser que sí. La frivolidad con que se ha venido llevando este tema de las preautonomías y autonomías, a nivel global, por el Gobierno es uno de estos indicios. Recuerdo la sensación que me produjo el antiguo ministro de Territorios, señor Clavero Arévalo, cuando se constituyó la Xunta Provisional de Galicia. El acto se celebraba en el palacio de Gelmírez, el famoso señor feudal, arzobispo de Santiago en el siglo XII, cuando Galicia, con sus gentes y su territorio, con su lengua propia y parte de su historia, era ya una nacionalidad, mientras el Estado español, más o menos centralizado bajo el cetro de los Reyes Católicos, tardó aún tres siglos en constituirse. Pero ¿sabía algo de eso realmente el señor Clavero Arévalo? La impresión es que no.

Pero dejemos la historia. Mirando las cosas con frialdad, lo ocurrido tiene su lógica. La decisión de UCD entraña un criterio clasista y de omnipotencia política. Se trata de una decisión orientada a dar un frenazo a las autonomías e inspirada en los intereses de las fuerzas oligárquicas. También en Galicia tienen éstas nombres y apellidos. En la decisión de UCD hay además un criterio monopartidista del poder. ¿Tomará nota de esto el pueblo gallego?

No se ha querido un Estatuto respaldado por todas las fuerzas constitucionales. Se ha preferido un Estatuto unipartidista. Los que nos hemos esforzado por que el Estatuto gallego fuese de todos y no de un determinado sector social o de una determinada corriente política tenemos que denunciar lo ocurrido, haciendo de ello responsables a las fuerzas más retardatarias de la sociedad española y gallega, tradicionalmente causantes de la opresión, la marginación y la discriminación de Galicia. UCD, en tanto que fuerza política gobernante del Estado, resulta ser el escudero defensor de esa política.