El PSOE pide una investigación parlamentaria sobre torturas

El Grupo Socialista del Congreso ha presentado una propuesta para que se cree una comisión parlamentaria de investigación sobre la situación de los detenidos y presos vascos, en relación con las denuncias sobre malos tratos, así como una pregunta al Gobierno sobre la situación de salud de los vascos encarcelados y los retrasos que puedan existir en la tramitación de sus causas. Mientras tanto, dos de los presos cuya excarcelación piden los secuestradores de Rupérez se han negado a ser canjeados.

Ambas iniciativas del PSOE -a las que el Gobierno no se opone- apuntan en la dirección de las condiciones de ETA (p-m) para liberar al diputado de UCD Javier Rupérez, secuestrado desde hace dieciséis días. Aunque no son exactamente las condiciones, sí constituyen un gesto de buena voluntad o de ánimo negociador, que es lo que en el fondo parecen desear los secuestradores para dar fin a la situación actual.A este respecto, se recuerda en medios políticos cómo el cuarto comunicado de los etarras sobre el caso, hecho público el pasado día 19, afirmaba que se mantendrían las condiciones concretadas -liberación de varios presos e investigación de presuntas torturas- hasta que el Gobierno mostrase una actitud favorable a la salida de los presos vascos y la supresión de torturas y controles salvajes en Euskadi, según afirmaba el comunicado.

Ello, para los mismos medios, revela que el verdadero deseo de ETA (p-m) es arrancar de Madrid una actitud negociadora, mientras que las dos condiciones concretas serían de segundo orden.

El Gobierno ha puesto especial empeño en declarar que no se negocia ni se negociará.

Esta actitud de ETA (p-m) fue ayer contestada por los llamados comandos autóriornos y la rama militar de la organización, a través de la negativa de dos presos de estos grupos, Mentxaca ETA (m) y Zurutuza (autónomo) a ser liberados. Ambos forman parte de la lista de seis que los polis-milis desean ver en libertad a cambio de Rupérez.

Metxaca y Zurutuza hicieron público un comunicado, en el que dicen oponerse a «esa chapuza caritativa dentro de la ley posibilista que permite la tortura y las leyes excepcionales» y aseguran que el secuestro de Rupérez está englobado en «una política claudicante, como lo es también la campaña institucionalizada presidida por la consigna Estatutoarekin presoak extera (con el Estatuto, los presos fuera), con un móvil exclusivo: la negociación».

En este contexto, la iniciativa parlamentaria socialista parece ser un puente para llevar a los varios interlocutores hacia posiciones flexibles. Tanto la petición sobre la comisión investigadora de presuntas torturas como la pregunta sobre los presos, su salud y su situación judicial eran conocidas «por todos los que debían conocerlas», y contaban con el beneplácito gubernamental antes de ser presentadas. La primera petición se refiere exactamente a una comisión de «investigación sobre la situación de los detenidos y presos en el País Vasco y sobre la adecuación de trato recibido por éstos a la legislación vigente». Prosigue la petición que «la finalidad del respeto a la ley y la importancia y el interés público del asunto son fundamento suficiente para que el Congreso de los Diputados deba aclarar tales afirmaciones».

Finalmente, consideran los socialistas que sólo una comisión parlamentaria puede contar con el alcance y difusión suficientes para satisfacer la inquietud y el derecho de los ciudadanos a la información, aunque, naturalmente, sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales. La comisión podrá, a juicio de los socialistas, recabar del Consejo General Vasco y todas las demás autoridades, públicas el apoyo que estime necesario.

El segundo escrito es una pregunta al Gobierno para ser contestada por escrito, y en él se hace referencia a noticias recientemente aparecidas sobre la salud de los presos vascos y el largo tiempo que algunos de ellos llevan en prisión provisional, entre otras causas debido a posibles retrasos sufridos en la celebración de juicios.

El Grupo Socialista presentó estos escritos a la prensa, minutos después de entregarlos en el Congreso, en una conferencia de prensa precipitadamente convocada, en la que Gregorio Peces-Barba, secretario del grupo parlamentario, dijo que habían decidido poner en marcha su iniciativa después de recabar datos sobre la situación. «No sabemos cómo podrá incidir en la situación del secuestro de Rupérez, pero nuestras peticiones suponen un factor de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos españoles, incluidos los vascos, y todo lo que se haga que pueda incidir en la liberación es positivo. Esta iniciativa puede ser un elemento objetivo en favor de la liberación de Rupérez», concluyó Gregorio Peces-Barba.

Por otra parte, la esposa de Javier Rupérez, Geraldine, ha enviado a su marido una carta, a través de los medios de comunicación, que es contestación a la remitida por el secuestrado desde su cautiverio. La carta fue leída por Radio Nacional, a mediodía del domingo, y dice así:

«Querido Javier: me dio alegría y alivio leer tu carta y saber que te encuentras bien y correctamente tratado.

Todos deseamos verte cuanto antes entre nosotros. Marta está bien y pregunta cuándo vuelves de tu viaje. Deseo que todo esto tan incomprensible acabe ya y que ese final sea una señal de haber encontrado la solución para la paz y la convivencia entre nosotros. La familia y tus amigos nos encontramos muy cerca de ti. Hasta muy pronto. Gerry.»

De su lado, el portavoz de la familia, Ignacio Rupérez, manifestó ayer a Efe que no podía estar optimista ni pesimista sobre la situación. «No sé si el asunto de la liberación de mi hermano está madurando o se está descomponiendo. Este escepticismo se palia en algún sentido, ante el optimismo que existe en el encauzamiento de los problemas, tras la gestión en el País Vasco realizada por el comité pro liberación».

En cuanto a la liberación en concreto, Ignacio Rupérez dijo que: «Hoy no se trataría de conceder una amnistía o proceder a un canje de presos vascos, sino, más bien, de regular las situaciones procesales y penitenciarias. En el mejor de los casos no sólo se puede, conseguir la liberación de Javier, sino también lograr una vía más amplia de entendimiento entre todos», agregó Ignacio Rupérez.