El cierre patronal, excluido del Estatuto de los Trábajadores por acuerdo de UCDPSOE
El Estatuto de los Trabajadores quedó ayer dictaminado por la Comisión de Trabajo del Congreso, tras ser eliminado del proyecto de ley el título cuarto del mismo. Este título, referente a conflictos colectivos y cierre patronal, quedó eliminado como estaba previsto por acuierdo entre UCD y PSOE. Mientras esto sucedía en el Congreso, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, anunciaba en Oviedo que su partido se retiraría de la Comisión si UCD no accedía a retirar el título cuarto del proyecto. La sesión, que se inició con el anuncio de la renuncia a la voz y al voto en la Comisión por el Grupo Comunista, terminó a primeras horas de la noche en un clima de distensión.
A lo largo de esta última sesión terminó de aprobarse la regulación de convenios colectivos. Hay que destacar la asunción por UCD de la práctica totalidad de las enmiendas socialistas y la modificación de otras muchas para recoger las tesis de los nacionalistas vascos, pese a que éstos habían abandonado los debates en la sesión anterior.El acuerdo para la supresión del artículo cuarto, que hasta última hora no se selló entre socialistas y centristas, ya que éstos exigieron ciertas garantías por escrito al PSOE sobre su posterior comportamiento con respecto a la ley de cara al Pleno.
El título cuarto, en definitiva, será tramitado como una ley diferenciada, pero partiendo de un desglose del Estatuto, a fin de no retrasar excesivamente su discusión.
El ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, estuvo presente a lo largo de toda la jornada y diálogo tanto en el Congreso como en su Ministerio con Marcelino Camacho. El ministro no fue explícito sobre sus conversaciones con el líder de Comisiones, pero todo hace pensar que trataron sobre la actitud adoptada por el PCE en los debates del Estatuto y sobre una posible aproximación de cara al Pleno del Congreso.
El diputado Monforte, del PNV, negó que las últimas propuestas hechas por los, socialistas a su partido fueran las publicadas por EL PAÍS en su edición del jueves. Si hubiera, habido tales propuestas, comentó, las hubiésemos aceptado. Manuel Chaves, diputado socialista, insistió, no obstante, en que se habían hecho aquellas propuestas en fórma alternativa.
Los cornunistas renuncian a la voz y al voto
Nada inás iniciarse la sesión tomó la palabra Marcelino Camacho, diputado del PCE y secretario general de Comisiones Obreras, para realizar una intervención que en alguna medida venía a enlazar con los acontecimientos del miércolles en la Comisión de Trabajo (abandono de los nacionalistas vascos). El diputado comunista reprochó que la comisión no hubiese atendido la petición que hizo hace dos meses su grupo, que estaba avalada por las firmas del PSA y de Euskadiko Ezkerra, en el sentido de que las centrales sindicales hubieran sido oídas por los parlamentaríos.
Mencionó luego que tanto el presidente de la comisión como el PSOE se habían negado a aplazar hasta el lunes los debates para encontrar enlos grupos una solución a los problemas del Estatuto. «No nos queda más remedio que llegar a la conclusión», dijo Camacho, «que los acuerdos CEOE-UGT y UCD no permiten ni a unos ni a otros el aplazamiento, ni tampoco la menor modificación en el texto del Estatuto. »
Habló luego del rechazo de los trabajadores -incluidos los afiliados a UGT- del Estatuto y concluyó afirmando que la lucha del Grupo Comunista por consolidar la democracia y el respeto que le merecían sus instituciones les impedían retirarse de la Comisión de Trabajo, pero que a partir de ese momento renunciaban a la voz y al voto y serían testigos mudos del nacimiento «de un aborto, producto del acto contra natura CEOE-UGT, que no podría sobrevivir mucho tiempo. Los cornunistas queremos que quede claro que no tenemos nada que ver con este bodrio ».
Inmediatamente tomó la palabra Manuel Chaves, por el Grupo Socialista del Congreso, afirmando que «determinado grupo parlamentario intentaba la manipulación de la opinión públicay llevar el engaño a los trabajadores». Algún grupo, continuó, «no está informado de lo que objetiva y realmente se está aprobando en esta comisión. La razón quizá se encuentre en que a este grupo parlamentario lo que menos le interesa es el contenido de este Estatuto y lo que más le importa son objetivos que nada tienen que ver con lo que aquí se debate».
Camacho, dijo a continuación Chaves, ha hecho un llamamiento a la unidad de acción. «Nosotros tenemos que decir que no aceptamos ninguna unidad de acción que, desde una perspectiva estalinista, implique una subordinación exclusiva de un partido y una central sindical a los planteamientos de otro partido y otra central. »
Aguiriano, por los socialistas vascos, tras afirmar que los sindicalistas han estado presentes a través de los parlamentarios en la comisión, manifestó: «Aquí se ha dicho que el PCE quiere consolidar la democracia. No se consolida la democracia desprestigiando al Parlamento, manipulando a los trabajadores y haciendo gala de demagogia e irresponsabilidad. »
Por su parte, Pérez Miyares portavoz de UCD, tras rechazar y repudiar las alusiones de Marcelino Camacho, dijo que el Grupo Centrista «no admite que ningún grupo parlamentario se arrogue la representación exclusiva y excluyente de los intereses de los trabajadores».
En la sesión de la mañana, pese a no estar presente, tras su abandono de los debates el miércoles, hubo claras concesiones a los partidos vascos. En el artículo 82, referente a concurrencia de convenios, se aprobó una enmienda socialista que dice que «un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser aceptado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario».
En cuanto al contenido de los convenios, en el artículo siguiente, volvieron a prosperar las tesis socialistas con el apoyo de UCD. Los convenios, según el texto aprobado, podrán regular materias de índole económico, laboral, sindical y asistencial, y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresariado y las asociaciones empresariales.
Legitimación para negociar
La legitimación para negociar, regulada por el artículo 85, quedó aprobada mediante una enmienda socialista y otra de aproximación de UCD a una presentada por Minoría Catalana. Esta última es una clara concesión a las tesis del PNV, pese a su ausencia de la sala. Según la redacción socialista, en los convenios colectivos de empresas o ámbito inferior, estarán legitimados para negociar los empresarios, de un lado, y de otro, los comités de empresa, los delegados o, en su caso, las representaciones sindicales. En los convenios de ámbito superior los legitimados serán los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros del comité o delegados de personal del ámbito geográfico o funcional a que se refiere el convenio, y las organizaciones patronales que cuenten con el 10% de los empresarios afectados.
La enmienda in voce de UCD, favorable a los vascos, dice que «asimismo, estarán legitimadas en los convenios de ámbito estatal los sindicatos y organizaciones empresariales de comunidades autónomas que cuenten en este ámbito con un mínimo del 15% de los miembros del comité de empresa o delegados de personal o de los empresarios, referidos ambos al ámbito funcional del que se trate».
Tramitación de convenios
Enmiendas socialistas prosperaron en el artículo 87, referente a la tramitación de convenios. El aspecto más destacado con respecto a estas enmiendas fue la desaparición del trámite de homologación de convenios, que de alguna manera figuraba en el texto del Gobierno.
En cuanto a la aplicación e interpretación de convenios, que viene regulada en el artículo 88, se asumió también una enmienda del PSOE. La nueva redacción queda de la siguiente forma: «Con independencia de las atribuciones de las comisiones partiarias, el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación con carácter general de los convenios colectivos se resolverá por la jurisdicción competente. »
En las disposiciones adicionales destacó la incorporación de una nueva, la número seis, que no figuraba en el proyecto, por la que el PSOE abre la posibilidad a las organizaciones sindicales y patronales de las comunidades autónomas para participar en los órganos de gestión de diferentes instancias de la Administración.
También en las adicionales, en la cuarta, se admitió una enmienda del Partido Comunista, a pesar de que su representante permaneció tal y como había anunciado: impasible. No defendió ni votó su propia enmienda. Finalmente, hay que reflejar también la supresión del texto del Gobierno de toda referencia a la convocatoria de elecciones sindicales.
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