La propiedad de la información

Leo en EL PAIS del día 11 de noviembre que el señor Alcalde de Zaragoza ha prohibido a los funcionarios dar información a la prensa.Ciertamente esta medida es perfectamente legal y el alcalde tiene derecho a dictarla y, a recordarlo a sus subordinados. Sin embargo, al negar el derecho de la prensa o de cualquier otro ciudadano a la información. está adoptando unas actitudes propias del pasado que no se corresponden con los nuevos tiempos democráticos que vive este país.

Como es conocido, en los países escandinavos, con Suecia como pionera, se implantó hace algunos años el «principio de publicidad de todo documento gubernamental», según el cual, con muy limitadas excepciones, cualquier ciudadano puede consultar y fotocopiar los documentos de la Administración. Para dar una idea del alcance de esta medida se podría citar, por ejemplo, que incluye la correspondencia del primer ministro por razón de su cargo. Esta actitud se ha ido extendiendo a otros países y la Asamblea del Consejo de Europa, el 18 de enero de este año -precisamente en la sesión a la que asistió el presidente Suárez-, aprobó una recomendación a todos los países miembros del Consejo para que reconocieran este principio.

En España, aún no está desarrollado el principio de libertad de información reconocido por la Constitución, pero después del mensaje de la Corona del 9 de mayo de 1979 hay razones para estar esperanzados. En él, el Rey, al referirse al recíproco compromiso entre el pueblo y las instituciones, decía: «Debe descansar en un contacto permanente, en una transparencia absoluta y una información objetiva que asegure el control social sobre los distintos centros del poder.»

Cabe preguntarse cuáles son las razones del miedo del señor alcalde, qué es lo que teme que llegue a conocerse. Supongo que no hay razones objetivas, sino más bien subjetivas. Sin embargo, un político demócrata no debiera permitírselo, pertenezca al PSOE, como en este caso, o a cualquier otro partido.

El alcalde debe saber que la información de la Administración no puede estar amparada por el principio de protección a la intimidad, precisamente porque no es propiedad privada de nadie. Si acumular información es acumular poder, en una sociedad democrática es necesario reconocer el derecho a la información como factor compensador. Justamente por ello las dictaduras nunca lo hacen.