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Complot en una cafetería

La noche del 16 al 17 de noviembre de 1978 fue una de las más dramáticas del Gobierno Suárez. El Rey tenía previsto partir para México, en visita oficial, a la mañana siguiente. Mientras se preparaba un golpe de mano, bajo el código de «Operación Galaxia», destinado a tomar el palacio de la Moncloa, aprehender como rehén al presidente del Gobierno y forzar la formación de un Gabinete de salvación nacional opuesto al proceso democratizador, en ausencia del Monarca.El día 17 debían de estar fuera de Madrid no sólo el Rey, sino también el ministro de Defensa, los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos y los jefes de las brigadas paracaidista, motorizada y acorazada, que asistían a un curso para ascenso a tenientes generales en Ceuta y Melilla. Los autores de la conspiración esperaban que algunas unidades del Ejército, y especialmente de las Fuerzas de Orden Público, se sumaran a la iniciativa.

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El consejo de guerra por la "Operación Galaxia" no se celebrará antes de la primavera

La «Operación Galaxia» fue denunciada por la Jefatura de Inspección de la Policía Armada. El complot fue detectado a raíz de una reunión celebrada por los conspiradores el anterior día 9, en la cafetería Galaxia, de Madrid, de la que la operación tomó el nombre.

La autoridad judicial militar competente es la Capitanía General de Madrid, y se nombró en principio juez instructor al coronel de Infantería José Ballo Moreno. Los dos únicos nombres que salieron a la luz con ocasión del frustrado golpe, y que están pendientes de juicio, son el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Inestrillas. Los inculpados están acusados de un delito de conspiración para la rebelión militar y se encuentran en prisión preventiva en la prisión militar de Alcalá de Henares, en espera de la celebración del consejo de guerra.

El fiscal pide para el teniente coronel Tejero seis años de prisión, y para el capitán Sáenz de Inestrillas, cinco años. Si el consejo de guerra acordase imponer esas penas supondrían también la separación del servicio de los dos inculpados.

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