El proyecto de ley hipotecaria pretende reactivar el mercado de la vivienda

El Consejo de Ministros acordó ayer el envío a las Cortes del proyecto de ley de regulación del mercado hipotecario (véase EL PAÍS de ayer), cuyo objetivo es la máxima aportación de recursos del ahorro social hacia la inversión en viviendas y otros sectores, en condiciones de tiempo óptimas para ahorradores e inversores, según la explicación facilitada en la referencia del Consejo. El Gobierno aprobó también un plan de fomento del consumo y de la exportación de aceite de oliva, a la vista del stock existente de dicho producto.

En lo que se refiere a la regulación del mercado hipotecario, el proyecto de ley que se remite a las Cortes respeta los instrumentos de movilización de créditos ya existentes, y determina las entidades financieras que pueden intervenir en dicho mercado, al tiempo que crea una entidad especializada en dichas actividades. Igualmente, se establece el régimen fiscal, financiero y de control administrativo de las entidades y títulos que constituyen el mercado hipotecario.En cuanto al tema del aceite de oliva, el Consejo de Ministros ha aprobado la regulación de la campaña 1979-1980 teniendo en cuenta la existencia de un stock de 225.000 toneladas en poder de la Administración, valorado en 25.000 millones de pesetas. El Gobierno ha decidido establecer un precio de venta al público del aceite de oliva que pueda competir frente al de girasol, razón por la cual se establece una subvención por kilogramo de aceite para cubrir la diferencia entre el precio al productor y lo que se estima debe ser el ingreso de los olivareros. Se tiende a garantizar unos ingresos mínimos a los agricultores de 123 pesetas-kilo, susceptible de aumentar, a lo largo del año, hasta 130,25 pesetas.

Por otra parte, el Gobierno va a gastar cien millones de pesetas en una campaña publicitaria a favor del consumo de aceite de oliva, y otros 250 millones para restituciones que faciliten la exportación de aceite de oliva a países distintos de la Comunidad Europea, con el fin de abrir nuevos mercados.

El Consejo de Ministros aprobó la realización de obras en el aeropuerto de Barajas (Madrid), por importe de 1. 800 millones de pesetas, destinadas a remodelar y ampliar la terminal nacional del edificio actual, así como renovar servicios e instalaciones.

Igualmente, se aprobaron diversas obras de mejora para los aeropuertos de Barcelona, Fuerteventura y Tenerife, por un importe de 417 millones de pesetas. Con este dinero se reforzará la pista de rodadura del aeropuerto de Fuerteventura; se construirá un edificio para distribución y transformación de energía eléctrica en el de Barcelona, y se establecerán servidumbres aeronáuticas en los terrenos inmediatos a la zona de la Rasca (sur de Tenerife), con el fin de eliminar perturbaciones en la recepción de las instalaciones de ayuda a la navegación aérea.