Los partidos políticos no han presentado una política de consumo

«En una economía de mercado como la nuestra, el consumidor debe ser el factor que regule la oferta y la demanda», según establece uno de los principios básicos del borrador de anteproyecto de «ley de los consumidores» que ha elaborado UCD. Este borrador fue presentado ayer por el diputado centrista José Luis Ruiz Navarro en el acto de clausura de las Terceras Jornadas de Derecho del Consumo, que ha organizado la OCU.

En una mesa redonda fueron expuestas las posturas de los grupos parlamentarios (UCD, PSOE y PCE-PSUC) respecto a la ley que, según el calendario que desarrolla el texto constitucional, debe entrar en el Congreso antes del 1 de enero de 1980.El borrador del Gobierno define a los consumidores como «todas aquellas personas que adquieren, usan, o disfrutan los bienes y servicios en cuanto destinatarios de ellos».

«UCD», dijo Ruiz Navarro, «desea un mercado transparente, libre y competitivo. Cree, por ello, que la futura ley debe regular las condiciones de venta de esos bienes y servicios, de manera que no quede limitada la libertad del consumidor a la hora de comprar. Se restringirán por ello las ventas por correspondencia y a domicilio.»

Destacó el derecho del consumidor a la información como uno de los principios básicos de la futura ley, derecho que debe potenciarse por medio de las organizaciones de consumidores.

Explicó también la conveniencia de crear un organismo, de sumisión voluntaria al mismo, que entendería sobre temas relativo a la defensa de los derechos del consumidor, al que se podría recurrir antes de ir a los tribunales ordinarios.. «Ello, sin duda, abarataría de manera importante lo grandes costos de la justicia. » Ante este organismo sólo tendrían posibilidad de acudir las organizaciones de consumidores «UCD no considera conveniente en este sentido que el usuario quede legitimado como tal, puede esa forma se verían potencia das sus asociaciones. Y ello no quiere decir tampoco que se atente contra la libertad individual: el ciudadano que no quiera integrarse en ellas», les tachó de insolidarios con el resto de los consumidores, «tiene los canales procesales contemplados en la legislación vigente. »

UCD es partidaria de que conste en la nueva ley el resarcimiento del usuario en caso de fraude. Y que también se con temple la solidaridad forzosa de todo el proceso producción-distribución-cornercialización frente al consumidor; a no ser, natural mente, que quede bien claro si sólo es culpable del fraude una de las partes.

En definitiva, el señore-Ruiz Navarro (que dijo no llevar a la reunión la representación oficial de su partido) aseguró que el consumo es un problema de Estado, y que todo lo relativo a esta materia se debe basar en el artículo 51 de la Constitución.

El PSOE, según aseguró el diputado Felipe Guardiola, piensa que la ley sólo podrá mejorar el pobre status del consumidor en nuestro país si se potencian sus asociaciones. Estas han de ser plenamente independientes de los partidos políticos y de la Administración, «por lo que deben ser autosuficientes lo antes posible», (reconoció, sin embargo, que hoy no se deben retirar las subvenciones oficiales, sino aumentarlas). Las organizaciones, como tales -dijo-, deben ser legitimadas y tener plena capacidad de representaciónjurídica.

Por su parte, el representante del PCE-PSUC, Ignacio Blanes, aseguró que su partido no tiene una alternativa legal al proyecto de ley de UCD, porque «ya estamos acostumbrados a que nunca prosperen. Y aunque en principio no pondría pegas al proyecto centrista», dijo, «nos tememos que (coino ha hecho con otros textos legales) UCD procurará sacar una ley lo menos progresista posible». El PCE, según dijo su representante, también está a favor de que se potencien las organizaciones de consumidores, pero reforzando su acción conjunta.