Presentado a la prensa el texto base para crear el marco laboral autónomo del País Vasco

El consejero de Trabajo del Consejo General Vasco presentó ayer a la prensa el texto base de discusión en torno al acuerdo entre las patronales y las centrales sindicales sobre la creación de un marco autónomo de relaciones laborales a nivel de Euskadi. La propuesta, presentada ayer a la prensa en Bilbao por Juan Iglesias, titular socialista de la consejería, será ahora sometida a las dos partes -empresarios y trabajadores- para su ulterior discusión.

La expresión «marco autónomo de relaciones laborales» hace referencia al ámbito en que se propone sean prioritariamente abordadas las negociaciones sobre temas como los convenios interprofesionales, expedientes de regulación de empleo, productividad, etcétera. La expresión viene siendo utilizada, por otra parte, desde filosofías bastantes contradictorias.Así, para la izquierda abertzale, la negociación a nivel de Euskadi «permite conquistas más sustanciales para los trabajadores, dada su mejor relación de fuerzas respecto a la existente a nivel de Estado». Recientemente, sectores de opinión tan significativos como la Cámara de Comercio de Bilbao han retomado el término en el sentido de marco para un «acuerdo entre los distintos factores de la producción», que permite abordar los «efectos específicos de la crisis en el País Vasco». En el mismo sentido cabe interpretar las referencias al tema hechas por Carlos Garaikoetxea en su reciente conferencia ante unos seiscientos empresarios vascos.

La Consejería de Trabajo, sensible a estas opiniones, propuso hace tiempo la creación de una comisión tripartita (empresarios, sindicatos, consejería) que permitiera fijar unas «reglas del juego» que restasen conflictividad a las relaciones laborales. Por diversas causas, la iniciativa no llegó a prosperar, aunque, meses después, la Consejería de Industria, de la que era titular el nacionalista Mikel Isasi, la retornó indirectamente al proponer un acuerdo global empresarios-trabajadores, que fue conocido como «el pacto de la ría». Se vivían por entonces momentos de aguda conflictividad social, en particular por la larga huelga del metal de Vizcaya. El proyecto fue entonces denunciado por las centrales sindicales mayoritarias, y en particular por CCOO, que popularizó el eslogan: «No al pacto social, aunque sea vasco».

"No se trata de un pacto social"

Juan Iglesias aseguró, sin embargo, al presentar la propuesta, que ésta era el resultado de los contactos habidos entre la consejería y los sindicatos obreros y asociaciones patronales, los cuales, dijo, «reclaman con urgencia la creación a nivel de Euskadi de un marco de relaciones laborales». Pero no se trata propiamente de un «pacto social» -término este «muy desprestigiado», según reconoció Iglesias-, sino de propiciar una "concertación entre las partes", capaz de «crear un cauce de negociación que evite las acciones de colisión producidas con más frecuencia de la que sería deseable». El hecho de que en la propuesta no se contemplen temas relacionados con una política de rentas mostraría, para el consejero vasco, que no se trata de un «pacto social», sino de un «marco que colme las lagunas legales existentes».

Grave situación económica y social

La existencia jurídica de dicho marco puede admitirse en base a diversos artículos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, aunque varios de ellos están pendientes aún de posterior reglamentación, e incluso sometidos a diversas interpretaciones. Con todo, la extrema gravedad de la situación económica y social por la que atraviesa el País Vasco justifica, a juicio del señor Iglesias, la iniciativa de su departamento, incluso si «una interpretación restrictiva de las normas pudiera hacerle aparecer como discutible desde el punto de vista legal».