Las irregularidades del pasado no afectan al funcionamiento del Consorcio de la Zona Franca

«Mi principal preocupación hoy es separar la auditoría y las eventuales responsabilidades penales que en su caso determine la justicia de la marcha normal del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, cuyo polígono industrial ubica a más de 150 empresas, que ocupan a 40.000 trabajadores y cuya gestión da trabajo a 250 empleados», manifestó Carlos Guell de Sentmenat, delegado especial del Gobierno en el citado Consorcio. Esta entidad es titular de un importante patrimonio en Barcelona y en ella se han encontrado presuntas irregularidades financieras por valor de unos 1.100 millones de pesetas desaparecidos en operaciones de compra-venta de terrenos.

«Es importante», afirmó también el señor Güell, «que en estos momentos cada cual asuma su responsabilidad. Mi acuerdo con el ministro de Hacienda fue claro: aclarar el pasado bajo la responsabilidad de la auditoría de Hacienda como base indispensable para construir el futuro. Mi nombramiento fue el 22 de junio, y el 25 del mismo mes se inició la auditoría.»Preguntado acerca de cuál es su línea de actuación, Carlos Güell la resumió diciendo: «Eficacia y austeridad en la gestión del Consorcio, transparencia informativa, estrecha colaboración del Estado con las instituciones vinculadas al Consorcio, especialmente el Ayuntamiento de Barcelona, y máximo esfuerzo para potenciar el patrimonio no explotado, que con una acertada gestión puede responder a los compromisos financieros contraídos con cajas de ahorro, bancos y proveedores.»

Los señores Santiago Udina Martorell (delegado especial del Estado en el Consorcio entre el 25 de enero de 1974 y 23 de abril de 1977), José Luis Bruna de Quixano (que ocupó idéntico cargo en dos períodos entre el 2 de marzo de 1967 y el 6 de noviembre de 1970 y entre el 13 de mayo de 1977 y el 22 de junio de 1979), José María Socías Humbert (presidente nato del Consorcio, en su calidad de alcalde de Barcelona, entre el 6 de diciembre de 1976 y el 31 de diciembre de 1978) y José M. Roig Gironella (actual delegado de Hacienda en Barcelona, que es representante del Estado en el Consorcio función que no ostenta por razón del cargo) declinaron la posibilidad de efectuar declaraciones sobre este tema. Algunos de ellos afirmaron que quizás expresarían sus criterios en los próximos días.

Por ahora no se ha precisado si el primer informe de la auditoría -entregado por el ministro de Hacienda al fiscal general del Estado el pasado día 18, es decir, el mismo día en que llegó a manos del ministro- ha sido ya remitido por la Fiscalía a algún tribunal. La rapidez con que obró el ministro permite sospechar que las evidencias del informe eran graves y de importancia y que, por ello, habrá una rápida actuación judicial, que, no obstante, puede estar actualmente dificultada por la huelga de funcionarios judiciales.

Mientras, el equipo auditor continuará su trabajo durante varios meses más. El responsable del equipo es el propio subdirector general de Control Financiero y de Cuentas Económicas de la Intervención General de la Administración del Estado, Ramón Díaz García. El responsable directo del equipo que trabaja en Barcelona es Miguel Parra Ortega, jefe de la Intervención de Hacienda en Barcelona.