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UCD desea homogeneizar y retardar los procesos autonómicos futuros

Unión de Centro Democrático (UCD) parece haber decidido un freno a los procesos autonómicos futuros, una vez en marcha las tres autonomías históricas: País Vasco, Cataluña y Galicia. La posibilidad de homogeneizar los temas fundamentales que pueden ser objeto de transferencia de competencia ha sido contemplada por algunos miembros del Gobierno y de la ejecutiva del partido gubernamental.

El proyecto -todavía no concretado- podría perfilarse a través de las leyes orgánicas que se discutan en el Parlamento, de forma que a las distintas esferas de actuación -Justicia, Sanidad, régimen local y otras- se les señale el cauce autonómico que sirva de marco y de techo para el conjunto de los futuros procesos regionalizadores.Junto a ellos parece claro un intento de frenar las ansias autonómicas que han puesto en marcha los dirigentes políticos de distintas regiones. En este sentido se manifestó con rotundidad el secretario general de UCD y ministro para las Relaciones con las Cortes, Rafael Arias Salgado, durante la asamblea provincial que durante el fin de semana celebró UCD de Lérida.

«El Estado moderno», afirmó el señor Arias Salgado, «por su propia complejidad, y menos aún en plena crisis económica, no podría soportar la presión de diez o doce procesos autonómicos simultáneos, conducidos aceleradamente y dirigidos hacia el máximo techo de autonomía desde el primer momento.»

Estas palabras coinciden fundamentalmente con las de un informe que sobre el tema autonómico ha elaborado Rodolfo Martín Villa y que fue examinado por la ejecutiva ucedista en su última reunión. En el texto se señala la imposibilidad de que el sistema en su momento actual de consolidación y dificultades económicas pueda soportar un proceso que, de acuerdo con las previsiones del informe, llevaría a celebrar un referéndum o unas elecciones a parlamento autonómico cada veinte días durante cuatro años.

El mismo informe aboga decididamente por la adopción de la vía lenta, que establece el artículo 143 de la Constitución, para la iniciativa de los procesos autonómicos, frente a la más rápida del 151, seguida para el País Vasco y Cataluña.

Hay datos para pensar que los socialistas no son ajenos a este planteamiento. La misma noche del 25 de octubre, y mientras se iban conociendo los resultados de los referendos, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, comentaba, en el centro de datos que instaló el Ministerio del Interior, las dudas que le sugería el sistema seguido en aquellos referendos, para el caso de futuros estatutos en regiones sin tradición y sin sentimientos autonomistas arraigados.

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En algún momento, aunque sin pronunciarse con rotundidad, Guerra se mostró muy favorable a la vía lenta, aunque sus argumentos se centraban en que ofrecía menos riesgos, ya que evitaba la posibilidad de una votación adversa en provincias concretas, donde, a la vista de la abstención de un electorado fuertemente nacionalista, como el catalán o el vasco, no es improbable pensar en que no llegue a conseguirse la mayoría de votos necesaria en cada una de las provincias afectadas.

Arias Salgado analizó el tema en Lérida, el domingo, con suficiente claridad para advertir este propósito de control, ordenación o ralentización de los procesos autonómicos futuros. «Hay que racionalizar el proceso autonómico», dijo, «porque las autonomías no pueden enfocarse ni como una carrera ni como un asalto al Estado. Son una transformación de la estructura estatal y, por tanto, deben ser graduales, razonables y encauzadas por un camino de responsabilidad. Una autonomía limitada inicialmente y graduada en el tiempo», prosiguió el secretario general de UCD, «no es una autonomía de segundo grado; es, simplemente, plantearse el problema de forma responsable. Una autonomía superior a la que pueda asimilar una región, más que un logro político, puede conducir a la ruina de esa región. Es irresponsable identificar los deseos de una élite política con los deseos de autogobierno de una comunidad.»

Antes, Arias Salgado había analizado el nuevo Estado de autonomías o regionalizado.

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