Los agricultores valencianos, contra el pago a la Seguridad Social

El Consejo del País Valenciano de la Unió de Llauradors (COAG) ha anunciado que los labradores y ganaderos que la integran retirarán masivamente su dinero de los bancos, «si tienen la más mínima indicación de que los recaudadores de la Seguridad Social retienen el dinero de sus cuentas corrientes como pago a las cuotas de la Seguridad Social, tal y como ya ha sucedido recientemente».Representantes de la asociación agraria han denunciado que en la localidad castellonense de San Mateo siete agricultores se percataron durante la semana pasada que parte de sus cuentas corrientes quedó inmovilizada por estos motivos; el portavoz de la Unió, Roberto Sánchez, criticó duramente a las entidades bancarias «que siguen el juego a los recaudadores», aunque la operación no fue calificada de ilegal.

En algunos casos, los agricultores y ganaderos de la región llevan hasta tres años sin cotizar a la Seguridad Social, como medio de presión para conseguir que el afiliado al régimen especial agrario reciba similar consideración que en el resto de los sectores; igualmente han solicitado en reiteradas ocasiones el aplazamiento de pago de la cuota empresarial.

El Consejo se planteó durante la reunión la situación del sector vitivinícola. Según sus cálculos, la cosecha de este año, sólo en la provincia de Valencia, se acercará a 1,5 millones de litros; y esta cantidad, junto a las excedencias, «generará un problema de hundimiento en los precios».

La Unió de Llauradors denunció también enérgicamente el hecho de que la naranja satsuma se esté vendiendo en algunos mercados nacionales a setenta pesetas el kilo, cuando al agricultor, esa misma naranja, se le está pagando a noventa pesetas la arroba (como cada arroba tiene 11,2 kilos, eso quiere decir que el agricultor recibe 7,2 pesetas por kilo). Además, los excedentes de satsuma y naranja blanca no pueden ser comercializados, a pesar de que el FORPPA subvenciona a cinco pesetas el kilo, ya que los conserveros no quieren pagar las siete pesetas de diferencia. «El agricultor», dijo Roberto Sánchez, «no ve salida a este producto.»

Sobre las subvenciones al gasóleo agrícola, el Consejo advirtió que pueden ser fraudulentas, ya que el censo de maquinaria no está actualizado.