La transición que el pueblo espera

Son cada día más escasos los comentaristas obstinados en no reconocer que la transición del régimen autocrático del general Franco a la Monarquía democrática se ha verificado con el menor coste social imaginable, y que la operación de cambio pacífico sin ruptura violenta, e incluso sin utilizar otros resortes que los heredados de la gobernación franquista, ha causado asombro en el mundo entero. En reciente reunión del foro de pensamiento político, que preside el profesor Ruiz-Jiménez, hubo coincidencia en apreciar la bondad de la transición realizada y la efectiva recuperación por el pueblo español de los derechos humanos, cuya vigencia ha estado suspendida durante cuarenta años -la reciente ratificación por España de la Convención Europea de los Derechos del Hombre y el discurso del Rey ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en Estrasburgo, corroboran esa realidad-. Pero también se exteriorizó en el citado foro la convicción común de los reunidos de que al cambio político no ha acompañado un cambio económico-social satisfactorio. ¿Es así?No faltarán quienes piensen que, asegurada la representatividad de los ciudadanos en el Parlamento -institución básica en una monarquía parlamentariamediante el sufragio universal, nada ni nadie puede impedir que el cuerpo electoral dé el triunfo al partido mejor dispuesto a realizar esa democracia social, que es para el pueblo más importante que la pura democracia política, adjetiva, formal. «¡Tenéis el voto; utilizadlo inteligente al servicio del bien común! », no deja de ser un argumento válido, cuya fuerza ha demostrado la historia, al ofrecernos, a escala mundial, la realidad de una sociedad más igualitaria, más solidaria, más justa, aunque no desgraciadamente más fraterna que la anterior a la segunda guerra mundial. Pero no puede negarse que numerosos condicionamientos jurídícos, culturales, económicos, limitan el ejercicio de la teórica libertad que la Constitución consagra y la eficacia del mandato popular depositado en las urnas. Hay poderes sociales, hay «fuerzas vivas», hay «imponderables» que lastran toda iniciativa de cambio de estructuras, de transformación social, de acercamiento de las clases en aras de una solidaridad nueva. No; el sufragio universal no lo hace todo, y mucho menos de una manera acelerada, rápida, inmediata. Un político tan inteligente como Cambó decía que el sufragio universal es retardatorio. Tal vez no sea tan retardatorio. Pero sí lento. Gracias al sufragio universal, el Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia -son sólo ejemplos- han recorrido largo camino hacia la justicia social. Pero lo han recorrido en más de un siglo de continuidad ininterrumpida de las libertades democráticas. Día tras día, venciendo obstáculos que parecían insuperables, allanando dificultades, superando movimientos reaccionarios de las fuerzas coaligadas del «capitalismo egoísta» -utilizo una expresión pontificia- y del «elitismo» de cuerpos privilegiados que han conquistado su elevado status, no a fuerza de méritos y de servicio a la sociedad, sino gracias al aprovechamiento de influencia, de juegos de interés, de presiones desde altos puestos de la política y de la Administración.

El sufragio universal es válido, las libertades políticas y los derechos humanos son conquistas irrenunciables. El parlamento auténticamente representativo es la institución que ha presidido la más impresionante evolución social de la historia. Desde que en los pueblos hay un parlamento que asume la responsabilidad de dar a la sociedad nacional leyes inspiradas en el interés general -expresión actualizada del bien común- hay un progreso social. La sociedad occidental no es todavía un modelo de sociedad sin clases, con simples élites permeables al mérito y al valor de cada miembro de la comunidad política. Pero se han realizado positivas reformas sociales que configuran una sociedad más justa que la de nuestros antepasados, incluso de los no demasiado lejanos.

Lo que ahora necesita España es continuidad en el ejercicio de la democracia. Claro que hay en ésta aspectos insatisfactorios. La autoridad no actúa de manera incontrolada que permita contestar a los infractores de la ley con el uso inmediato de la violencia «desde arriba», prescindiendo de los procedimientos legales y las formalidades procesales que atenúan la contundencia de la respuesta. Pero tampoco quiere esto decir que el Ejecutivo tenga que ser necesariamente débil en un régimen democrático. Si en España atravesamos un período en que el terrorismo ha debilitado la seguridad pública, ni se trata de un fenómeno exclusivamente nuestro, ni las actividades terroristas se han iniciado ahora, sino que han sido heredadas de los últimos años del régimen anterior.

El golpismo sería la más grave calamidad que podría sufrir España. Como siempre, tras unos primeros meses de alivio aparente, sentiríamos todos la necesidad urgente, incluso angustiosa, de recuperar los derechos inherentes a la dignidad del hombre y las libertades políticas, que diferencian a un pueblo civilizado y digno de otro que no lo es. Durante el siglo XIX, cuántas veces reapareció el absolutismo, lucharon los españoles más sensibles al progreso moral por la restauración de las libertades. En el siglo actual, la dictadura instalada en el año veintitrés abrió un período de esfuerzos denodados para el « restablecimiento de la normalidad», y cuando ésta se logró, cayó la monarquía que había permitido el eclipse de las garantías constitucionales. Nuestra última guerra civil desembocó -como era lógico- en un régimen autoritario, pero prolongando excesivamente su duración; la recuperación de los derechos y las libertades elementales -ha llegado acompañada de una agravación de los problemas cuya realidad se obstinó aquel en ocultar: las autonomías regionales, los conflictos sociales, la libertad religiosa, cultural, artística, etcétera.

Sólo una larga paciencia democrática de las clases menos favorecidas, que son las más numerosas, y, en definitiva, las mejor dotadas para imponer su voluntad, permitirá a éstas una promoción social que es un imperativo de justicia. Es un camino largo y sacrificado, pero seguro. La violencia de abajo es, más tarde o más temprano, aplastada desde arriba con el consenso de todas las fuerzas sociales del país, que, en momentos apurados, prefieren -según la frase no feliz ni bien interpretada de Goethe- «la injusticia al desorden». La violencia de arriba, el triunfo del golpismo, termina siempre en un «restablecimiento de libertades» ansiado por tirios y troyanos, porque el natural anhelo de vivir como un pueblo civilizado prevalece, al fin, ineludiblemente.