Un millón de acciones bancarias

La avalancha de papel que han observado los valores bancarios a lo largo de las dos últimas semanas, y que alcanzó su cenit el pasado martes en el mercado madrileño, con un millón amplio de títulos ofertados, es un suceso histórico o meramente anecdótico, según criterios; pero lo cierto es que ahí está y que, hasta el momento, nadie acierta a explicarse cómo fue posible tal acumulación de papel en cinco sesiones escasas.Posiblemente, y si nos atenemos a la frialdad de los números, lleguemos a la conclusión de que un millón de títulos ofertados, frente a los 313 que tienen los siete grandes del sector bancario admitidos a cotización, no es cifra significativa. Es más: si analizamos los 350.000 banestos puestos a la venta en la sesión del martes y los relacionamos con el total de acciones del valor que cotizan oficialmente en la Bolsa (81 millones), veremos que el porcentaje queda en un exiguo 0,43 %. Pero no es menos cierto que estas cifras vendedoras llevaron a nuestros mercados a las cuerdas y los colocaron en una situación harto comprometida.

La pregunta entonces se desdobla y, por una parte, se urge la necesidad de contestar al porqué de semejante cifra de títulos puestos a la venta, y, por otra, el plantearse cómo tan pequeño porcentaje puede provocar una situación como la vivida la semana pasada.

Para la primera cuestión se barajan distintas hipótesis que, en general, podríamos considerar como particulares del sector. Unas serían remotas; esto es, existirían con anterioridad, y su incidencia en el comportamiento de los valores del grupo difícilmente podría llevar a situaciones como la que nos ocupa. Sería el caso, por ejemplo, de que la relación precio/beneficio de las acciones del grupo, resultara la más baja en su conjunto del mercado. Podría ser asimismo el hecho de que estos valores cotizan casi a diario y tienen los precios menos desfavorables del mercado, lo que de alguna manera invitaría a la venta, sobre todo en caso de necesidad.

Existen, por otra parte, una serie de factores cuya incidencia en el comportamiento del grupo ha sido más inmediata, pero que han necesitado del complemento de las razones anteriores para provocar esta situación. Esta sería la incidencia del fuerte incremento en las emisiones de renta fija, que de aquí a fin de año exigirán al inversor más de 70.000 millones de pesetas, la más importante de las cuales, la deuda pública, de 50.000 millones, ha pesado especialmente, al haberles correspondido 35.000 a los bancos, o la más «dañina», la reciente de Renfe, emisión pequeña, sólo 3.000 millones, con aval del Estado, a tres años, pero con un tipo de interés del 14,25%, que obligará a reajustes al alza en los próximos procesos de colocación de emisión.

Otra razón es la consideración fiscal que el presente año van a tener las minusvalías realizadas en valores mobiliarios. El tratamiento que a estas operaciones se les va a dar induce a la materialización de minusvalías, como modo alternativo de eludir el pago de las liquidaciones del impuesto sobre la renta. Estrechamente relacionado con éste se encuentra el llamado problema de la «transparencia» de las sociedades de inversión colectiva, cuya normativa resulta menos flexible y, sobre todo, su control más severo.

Hay otra razón además, y ésta completamente técnica: el erróneo tratamiento que se les dio a los saldos vendedores en el mercado madrileño desde un primer momento. La Junta Sindical no tuvo inconveniente en autorizar descensos de un 1%, e incluso inferiores, con unos porcentajes de cobertura de la oferta de un 10%.

Esta autorización, en franco desacuerdo con el artículo 152 del vigente reglamento, referido a la obligatoriedad de cubrir, cuando menos, un 20% de oferta o demanda en casos de excepcional contracción de una de ellas, es posible que se intentase basar en el artículo 163 del mismo reglamento de 30 de junio de 1967, que autoriza a la Junta a autorizar operaciones efectuadas con diferencias distintas a las previstas.

Estas diferencias, lógicamente, deben ir referidas a fraccionamientos en los cambios distintos de los usuales y no al porcentaje de cobertura de las posturas resultantes.

Esta autorización no sólo solucionó los problemas del sector, sino que contribuyó de manera importante a producir la congestión de títulos a la venta. Como era lógico, los operadores, tan pronto como tuvieron conocimiento de que su oferta sólo iba a ser atendida parcialmente, se apresuraron a «hinchar» sus órdenes, multiplicando en ocasiones hasta por cinco -para el caso de que sólo se atendiese un 20%- sus saldos vendedores. Esto tuvo el efecto de una bola de nieve. Los saldos comenzaron a multiplicarse vertiginosamente, y como en el mercado madrileño no se marcaba cambio, se producían salidas desesperadas hacia las dos Bolsas periféricas, poniéndolas en situaciones comprometidas.

Probablemente la aplicación rigorista del reglamento no hubiese evitado la situación, pero, cuando menos, la Junta Sindical no habría quedado en entredicho, y esto es algo extremadamente importante al tratarse del órgano representativo de un colegio profesional cuyos miembros son fedatarios públicos.

Estas razones, propias del sector, han de ser insertadas en otras, relacionadas con el ambiente general de la Bolsa, para su comprensión. La institución tiene depauperado su prestigio entre pequeños y medianos ahorradores y no cumple su función como fuente de financiación para las empresas, ante su raquitismo y falta de fluidez,

Así pues, con un mercado secundario mínimo y el primario reducido a unas emisiones de renta fija canalizadas a sus espaldas, se plantea un problema de identidad. Y éste si es el problema. La oferta bancaria se está retirando prácticamente como surgió, pero no porque esté siendo asimilada por el mercado, que es lo que ocurriría en cualquier Bolsa sana, sino porque los propios vendedores han reconsiderado sus posturas y han decidido esperar a mejor ocasión. Pero, en definitiva, ese papel, y mucho más, pues lo hay en otros grupos, permanece latente y a la espera de encontrar una coyuntura propicia.

El encontrar una solución a estos problemas, y sobre todo el intrumentar un mercado de valores eficaz y funcional, es una necesidad que se evidencia a diario.