Veinte alcaldes exigen en Getafe ayuda para paliar el paro

Veinte alcaldes de localidades con población superior a las 20.000 personas se reunieron ayer en el Ayuntamiento de Getafe para estudiar las últimas gestiones y propuestas relacionadas con el tema del paro en la provincia. En un comunicado redactado al término de la sesión, se advierte al Gobierno de la necesidad urgente de trasladar a los ayuntamientos un total de 3.000 millones de pesetas destinadas a realizar obras municipales. En caso contrario, cada alcalde adoptará medidas de fuerza en su municipio correspondiente.Los asistentes a la reunión analizaron las últimas propuestas recibidas por parte de la Administración. Respecto al decreto del Gobierno de permitir a los ayuntamientos la contratación de parados, la valoración arroja demasiadas lagunas como para que el decreto sea fiable. Así, a los alcaldes no les gusta que sólo puedan contratar a los parados que cobran el subsidio, cuando precisamente existen muchos más sin subvención alguna. Querrían también asegurarse que el tiempo en que los parados trabajen para un ayuntamiento sea tiempo aplazado en cuanto al cobro del subsidio. Es decir, que cuando finalice la obra puedan seguir acogidos al mismo. Los ayuntamientos no desean que un tema que tiene que solucionar la Administración acabe en un enfrentamiento entre parados y corporaciones.

De forma similar, la propuesta del Gobierno Civil de aportar fondos destinados exclusivamente en el sector de las cooperativas no lo ven muy claro, y en el comunicado sólo se señala la necesidad de estudiar el tema con más detenimiento.

Se valoraron también aspectos más generales, pero que inciden en los temas municipales, como es el retraso en la presentación en las Cortes del proyecto de ley de régimen local. Asimismo, los alcaldes pedirán al Gobierno que se modifique la composición de la comisión de coordinación con las corporaciones locales, a la que no consideran como representativa de la correlación de fuerzas políticas actuales en la provincia. La comisión está formada por todos los delegados provinciales de cada ministerio, el gobernador civil, cuatro alcalde de UCD, dos independientes, elegidos entre los más próximos a posiciones muy conservadoras, dos alcaldes socialistas, el presidente de la Diputación y un representante por el Ayuntamiento madrileño.