Réplica de los funcionarios de Justicia a la nota del Ministerio

Los funcionarios de la Administración de justicia, que hoy cumplen su decimosexta jornada de huelga, han manifestado su total desacuerdo con la nota hecha pública por el Ministerio de Justicia el pasado martes.«El comité nacional de paro», dice el comunicado de los trabajadores, «está indignado con este informe. No es cierto que los oficiales hayan pedido un coeficiente del 3,3. Pidieron coeficientes del 2,5; 2,25; 2 y el 1,75, como punto de partida de una negociación. Los diputados Francisco Ramos y Rodolfo Guerra son testigos de ello.»

Aseguran, una vez más, los trabajadores que la huelga afecta al 100% de los funcionarios, y que no es cierto que el comité nacional se mantenga en una actitud intransigente. «Lleva quince días esperando que el ministro de Justicia acceda a negociar directamente.»

«La amenaza de retención de haberes», continúa el escrito, «descalifica a quien la propone; lo que el Gobierno no dice a la opinión pública es que el proyecto de ley contempla una subida de más de 80.000 pesetas mensuales para magistrados y jueces y que, por lo visto, se salta a la torera la situación económica del país.»

Según los huelguistas, la nota de prensa del Ministerio de Justicia oculta también que ellos perciben 200.000 pesetas anuales menos que los funcionarios de los demás ministerios, sin que puedan compararse la peligrosidad ni el volumen de trabajo.

El tema, en el Congreso

A iniciativa del Grupo parlamentario Socialista, a la que se adhirieron los restantes grupos parlamentarios, la Comisión de Justicia del Congreso acordó ayer dirigirse al ministro de Justicia, Íñigo Cavero, con, el ruego de que busque una solución rápida y justa a los problemas que han motivado esta huelga. El Grupo Socialista hizo público su apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios, «muchas de las cuales son justas y deben ser satisfechas».La propuesta socialista consiste en incluir a los funcionarios de los cuerpos oficiales, auxiliares y agentes en el proyecto de ley por el que se independiza el régimen retributivo de la Administración de justicia del general de la Administración del Estado, con los niveles 2,25, 1,75 y 1,5, respectivamente.

En un escrito elaborado por los letrados Rafael González Bautista y Ramón Muñoz Duero se asegura que «el Estado debe indemnizar a los particulares afectados por la falta de funcionamiento de la Administración de justicia»; se refieren en él a la obligada suspensión de subastas, previamente anunciadas en boletines oficiales y prensa diaria; suspensión de procedimientos concursales (que también presuponen una amplia difusión), suspensión de embargos, así como diligencias de toda índole.

«Cuando estos daños afectan a los particulares por el anormal funcionamiento del sistema público de justicia es obvio», aseguran los letrados, «el derecho de ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado.» Y basan esta exigencia en el artículo 106 de la Constitución y en la ley de Régimen Jurídico del Estado, que afirman «el derecho de los particulares a ser retribuidos por el Estado cuando sufran serios daños en sus bienes o derechos por el anormal funcionamiento de la Administración pública.»