El presupuesto municipal para 1980 alcanzará los 35.000 millones de pesetas

El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el año 1980 puede alcanzar, por vez primera, los 35.000 millones de pesetas, frente a los 28.500 millones de 1979: la misma cifra de ingresos que esperan recaudar los responsables de las finanzas municipales durante el mismo año, para lo cual han puesto en marcha una reforma fiscal que, en una primera parte, se ha concretado en la modificación de dieciséis de las 46 ordenanzas existentes y que supondrá la recaudación de 10.600 millones de pesetas más el próximo año.

Otras nueve ordenanzas fiscales, entre ellas la de plusvalías, serán presentadas al próximo pleno ordinario, mientras que al mismo tiempo se suprimirán diez ordenanzas. Aunque para la aprobación de los presupuestos de los ayuntamientos es necesario que antes sea aprobada por las Cortes la ley de Presupuestos del Estado, aún en trámite en el Congreso de los Diputados, el concejal de Hacienda de la Casa de la Villa espera poder presentar al próximo pleno municipal, que se celebrará a finales de mes, los citados presupuestos a través de un determinado resorte legal.La necesidad de aumentar el presupuesto para 1980 la ven los responsables del departamento en el fuerte endeudamiento que sufre el Ayuntamiento madrileño -que a finales del presente año puede alcanzar la cifra de más de 55.000 millones de pesetas-, además de los ambiciosos proyectos que va a emprender la Corporación en los próximos años, entre ellos el Plan de Saneamiento Integral, valorado, para cuatro años, en 32.000 millones de pesetas.

Plusvalía: se aumenta en más del 200%

El ciudadano medio madrileño paga de impuestos municipales entre 4.000 y 5.000 pesetas, cifra a la que debe sumarse la transferencia indirecta de impuestos por parte de la Administración central, de cuya suma, además de otros conceptos de menor importancia, sale el total de los ingresos municipales. Para el cobro de los impuestos municipales, el Ayuntamiento tenía hasta 46 ordenanzas fiscales distintas, aunque al ciudadano como tal le afectaban muy pocas.

«La reforma se ha basado en dos aspectos», afirma Joaquín Leguina, concejal responsable de Hacienda. «Por un lado, para aumentar los ingresos municipales, hecho necesario porque el Ayuntamiento no puede funcionar con un presupuesto como el de 1979, y también por la necesidad de ir concentrando la fiscalidad en unos cuantos impuestos, eliminando figuras marginales, de dudosa justicia tributaria y de difícil gestión. O, dicho en otras palabras, facilitar el pago de sus impuestos a los ciudadanos que, hasta ahora, además de pagar, tenían que hacer una serie de trámites farragosos.»

De las dieciséis ordenanzas ya modificadas y de las nueve que se presentarán al próximo pleno, las más importantes son, sin duda, las relativas a la plusvalía, a las basuras, al alcantarillado, a las obras, a la grúa y a la radicación de empresas y profesionales.

Después de las ordenanzas de contribuciones urbanas y de circulación de vehículos (el numerito), que no se revisan, es, con diferencia, la de la plusvalía la más importante. Será debatida el próximo día 2 en la correspondiente comisión informativa, y, según el proyecto, supondrá un incremento de más del 200%, esto es, varios miles de millones de pesetas. Se trata de la tasa que el Ayuntamiento cobra por la venta de inmuebles y solares: un tanto por ciento sobre la diferencia existente entre el precio del inmueble que vende su propietario y Io que le costó al mismo cuando lo adquirió. Para ello, el Ayuntamiento piensa poner al día en los próximos meses el índice del valor de cada terreno que se asiente en cualquier punto de la ciudad, actualización que debe hacerse cada tres años y que el anterior Ayuntamiento, por razones que se desconocen, no realizó. El impuesto es automático y lo cifra unilateralmente el Ayuntamiento, a través de esos baremos citados, con la única posibilidad para el propietario de recurrir a los tribunales, en caso de desacuerdo.

Esta ordenanza es la única para la que no rige la clasificación de Madrid por calles de distinta categoría, y sí el valor de cada inmueble o edificio, por lo que es previsible, incluso para los mismos responsables de la delegación de Hacienda, la existencia de fuertes debates en la reunión correspondiente que se celebrará en el Ayuntamiento el próximo día 2 y en el pleno ordinario del mes de noviembre.

Basuras: más de 3.000 millones

Junto con la plusvalía, la tasa por recogida de basuras, aprobada en el último pleno (véase EL PAÍS del 27 de octubre), es la que supondrá una mayor fuente de ingresos: 3.150 millones de pesetas. Según el concejal de Hacienda, Joaquín Leguina, el Ayuntamiento tiene varios focos de cáncer prácticamente incurables: la EMT, que perderá a finales de año 3.000 millones de pesetas; el personal del Ayuntamiento (más de 22.000 funcionarios) y el problema de Ias basuras, cuyos precios se disparan sin posibilidad de detenerlos.

La recogida de basuras, que el Ayuntamiento tiene contratada con la empresa FOCSA, a la cual debe algo más de setecientos millones de pesetas, se ha establecido en la ordenanza en seis categorías distintas, correspondientes a la clasificación de la ciudad en seis tipos de calles. El vecino que viva en una calle de sexta categoría (éstas se han hecho en función del valor catastral de las mismas) pagará anualmente novecientas pesetas, mientras que el que viva en una calle de primera categoría (Rosales, Serrano, Goya, Puerta del Sol, glorieta de Quevedo y otras) podrá pagar por encima de las 1.500 pesetas. El incremento para las categorías mayores es de un 20%. Impuestos importantes, por su cuantía, son las tasas correspondientes a alcantarillado, eliminación de residuos, etcétera, que supondrá para 1980 una cantidad superior a los 1.400 millones de pesetas. Esto corresponde a las obras de mantenimiento que el Ayuntamiento realiza y que cobra a través de tasas, en lugar de impuestos.

Nuevo impuesto de radicación de profesionales

El pleno anterior aprobó también la figura del impuesto de radicación de profesionales, que existía en todas las ciudades españolas excepto en Madrid y Barcelona. Aunque el impuesto revertirá poco dinero al Ayuntamiento (unos 125 millones en 1980), es importante, toda vez fecta directamente a los ciudadanos de profesiones liberales con despacho abierto en Madrid. Les será aplicado en razón de la categoría de la calle en que tengan su despacho y en función del número de metros cuadrados del mismo. Por poner algunos ejemplos: un profesional que tenga su lugar de trabajo en una calle de primera categoría y disponga de cien metros cuadrados, pagará al Ayuntamiento casi 20.000 pesetas al año; otro que tenga su despacho en una calle de sexta categoría (por ejemplo, en algunas del barrio de la Concepción) y que disponga de cincuenta me,ros cuadrados, pagará 6.000 pesetas anuales.

En cuanto a las empresas, se elimina la injusticia de que aquellas que tengan varias fábricas o almacenes (tipo El Corte Inglés, por ejemplo) en una misma ciudad paguen por una solamente, al tiempo que se sube el porcentaje en un 25% en relación con el número de metros cuadrados ocupados. Este concepto supondrá una fuerte elevación de los ingresos municipales.

En cuanto a la modificación de la ordenanza relativa a gastos suntuarios, el Ayuntamiento incluye en el mismo a los establecimientos de tres y de dos tenedores, y estudia la fórmula de que se pueda incluir en la factura que los establecimientos expenden a sus usuarios un 0,5% de impuesto, de forma que si en un restaurante un ciudadano consume productos por valor de mil pesetas, pagaría, en la misma factura, cinco pesetas más.

Se aprobó también la modificación del precio del servicio de recogida de coches (grúa), que pasará a costar 3.000 pesetas (servicio completo) y mil pesetas (cuando el servicio ha sido iniciado, pero el dueño del coche se halla presente). Las dos ordenanzas modificadas de licencia de obras, y de obras en la vía pública, supondrán cerca de quinientos millones más para 1980.