Galicia ante el Estatuto

Portavoz de Coalición Democrática

Galicia (mi amada Galicia) es una de las regiones más características de toda España. Con Canarias, es la única que figura unánimemente bien descrita, con los mismos límites, en todos los estudios sobre regionalización de nuestra nación; límites trazados por la geografía, por la historia y por la influencia de la lengua vernácula (que incluso los desborda un poco). Finisterre de España y punta de Europa, entre el Cantábrico y el Atlántico, al Noroeste; Portugal, al Sur; y lindando por tierra con Asturias y el antiguo reino de León, tiene unas características bien definidas en la población, en sus modos peculiares de asentamiento (pegado al terruño), en las formas de vida, en las estructuras económicas y culturales.

Siendo muy Galicia, es totalmente española, y con vocación universal. Hay gallegos, y colonias de gallegos, y centros gallegos, en todas las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, etcétera) y en muchas medianas y pequeñas; como las hay en Buenos Aires, Caracas o La Habana, o en Londres, París, Düsseldorf`. El gallego es viajero y emprendedor; se le encuentra en la milicia, en la diplomacia, en el profesorado, en la Guardia Civil; está dedicado al comercio o al transporte, o a lo que sea, por todas partes.

Galicia es por ello consciente de dos cosas: la primera, que necesita potenciar su voz, en los asuntos nacionales, por la doble vía de una fuerte presencia en los partidos de ámbito nacional, y también de una autonomía que le permita resolver de modo más directo sus asuntos propios. La segunda, que su solución no está en separarse o distanciarse de las demás regiones españolas (donde también vive y trabaja), ni que en ellas puedan establecerse sistemas discriminatorios, ni que el Estado español (que ha de protegerle en el extranjero, y defender allí sus caladeros y otros intereses) se debilite.

Esta es la verdadera actitud de la mayoría de los gallegos, que ven con escepticismo otros planteamientos de la autonomía, y con preocupación los desarrollos posibles, de muy diferente sentido, en otras regiones más ricas y de inmigración.

Estas tendencias básicas (aunque podrían reforzarse y aclararse aún más) son las que de algún modo caracterizan el proyecto de Estatuto gallego. Así, en el artículo 3º, en el que, para atribuir la condición de gallego, se tiene en cuenta el jus sanguinis (ser hijo de padre o madre gallegos), que no se pierde, salvo adquisición de vecindad en otra parte del territorio. Así, en el artículo 4º, número 3, que establece como principio rector de la política social y económica de Galicia «el derecho de los gallegos a vivir y trabajar en su propia tierra».

Así, especialmente, en el artículo 7º, que dice que «las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia y sus asociaciones y centros sociales tendrán el reconocimiento de su galleguidad de origen». Pienso que soy el gallego que ha visitado más de estos centros por el ancho mundo, y me parece una acertada referencia a sus méritos sociales y culturales. Así también en la opinable y difícil de articular disposición sexta del artículo 11, según la cual «el Parlamento, mediante ley, podrá establecer una representación especial de los gallegos residentes en el extranjero». Se pide igualmente que la comunidad autónoma de Galicia esté representada en las delegaciones negociadoras de convenios de emigración (artículo 30, número 6) y culturales con los «países de habla gallego-portuguesa, en las materias de lengua y cultura afines» (artículo 30, número 7). Finalmente, la disposición adicional dice que «se podrá incorporar a la comunidad autónoma gallega cualquier territorio limítrofe de características históricas, geográficas, económicas, culturales o lingüísticas semejantes» (de acuerdo con el artículo 141.1 de la Constitución).

Galicia pide, en el Estatuto, no ser discriminada en favor de otras zonas; en su artículo 29 se establece que los gallegos «gozarán, para las inversiones que pretendan realizar en el territorio de Galicia, del tratamiento jurídico que el Estado otorgue a las zonas de régimen fiscal beneficiado». Consciente igualmente de su situación actual de subdesarrollo, en relación con otras regiones (a cuya riqueza ha contribuido el trabajo de los gallegos), Galicia no sólo aspira a que se le cedan ciertos impuestos recaudados en su propio territorio (artículo 46), sino que reclama cuotas sobre la recaudación de otros, a nivel nacional (artículos 47 y 48). Tema este fundamental, sobre todo después de las recientes y clarificadoras declaraciones de Jordi Pujol a la agencia Efe, en el sentido de que se quiere interpretar de modo restrictivo (por parte de los nacionalistas catalanes) el principio constitucional de solidaridad entre las regiones; interpretación que en modo alguno pueden aceptar las regiones menos favorecidas, como Galicia o Cataluña.

Sentado esto, las disposiciones orgánicas del Estatuto están todavía necesitadas de revisión y mejor redacción, y de llenar diversas lagunas, como lo han revelado las primeras reuniones de la ponencia constitucional; siendo de esperar que los miembros de la delegación parlamentaria gallega se presenten más conjuntados en la segunda fase de los trabajos de lo que por ahora han mostrado en la primera lectura.

No es este el momento de repasar los motivos de desacuerdo que he tenido la honra de presentar, en nombre del Grupo parlamentario de Coalición Democrática. Son bien conocidos, y tienden simplemente a mejorar el Estatuto en las direcciones apuntadas: organizar bien la región gallega, para su mejor coordinación interna, y para una mejor cooperación y solidaridad con las demás regiones.

Hace años que tuve ocasión de prologar la obra capital de Villaamil sobre el antiguo reino de Galicia, el estudio más completo de lo que fue el Estatuto histórico gallego a lo largo de tres siglos. Creo que las ideas básicas siguen siendo válidas: una Galicia más unida, administrada más de cerca, y totalmente integrada en una España grande.