Proceso en Colonia contra tres presuntos criminales

Un consejero jurídico, un alcalde cristianosocial y el director de una fábrica de maquinaria comparecen ante los tribunales de Colonia, para responder de la muerte de 73.000 judíos franceses durante la ocupación alemana bajo el Tercer Reich. Gracias a la decisión del Parlamento de Bonn, en julio pasado, sobre imprescriptibilidad de los crímenes nazis, Kurt Lischka, antiguo subjefe de la Policía Secreta alemana en París y sus dos colaboradores Herbert Hagen y Ernst Heinrichsohn, comparecen ahora para responder de su actividad en el departamento de cuestiones judías. Este juicio hubiera sido imposible a partir del 31 de diciembre próximo, si triunfa en el Bundestag la posición democristiana.El 25 de junio de 1974 se producía una paradoja que saltó a las primeras páginas de la prensa internacional: mientras la acusadora de Lischka, la temperamental Beate Klarsfeld -famosa anteriormente por haber propinado una bofetada al entonces canciller democristiano, Kurt Georg Kiesinger- ocupaba el banquillo de los acusados tras un fallido intento de secuestro del presunto criminal nazi, éste acudía al proceso como testigo. La señora Klarsfeld fue condenada a dos meses de cárcel al final de un juicio repleto de incidentes: incluso, el presidente francés, Giscard d'Estaing intervino para impedir la condena por los jueces alemanes, lo cual se interpretó en la RFA como «intromisión en asuntos de otro país».

Hasta la apertura del proceso actual, en el que los términos acusado y acusador se han invertido, han transcurrido veinticuatro años, en los que Lischka y sus colaboradores hicieron carrera como ciudadanos honrados, mientras la legislación alemana en la materia parecía amparar la llamada «amnistía biológica»: la desaparición de los criminales nazis por muerte natural.

Lischka había sido condenado a muerte en ausencia por un tribunal francés. Al prohibir la Constitución alemana la extradición de cualquier ciudadano a solicitud de otro país, Lischka se sintió seguro. Los aliados habían establecido a su vez que ningún criminal nazi podría comparecer ante un tribunal alemán, medida que obedeció en un principio al temor de que la justicia alemana fuese excesivamente benévola con los funcionarios del régimen hitleriano. La situación cambió al aprobar el Parlamento de Bonn una nueva ley por la que se reformaba el anterior status y permitía la comparecencia de los nazis ante un tribunal.

La vista de la causa contra los tres acusados tuvo que aplazar su comienzo una hora larga, ante la presencia de un nutrido grupo de espectadores -de ellos, unos doscientos judíos franceses- que portaban pancartas pidiendo la pena mayor para los tres nazis.