La sustitución del alcalde de Granada pone a prueba el pacto municipal andaluz

Antonio Camacho, del PSOE, presentará la dimisión como alcalde y concejal del Ayuntamiento, de Granada esta misma semana, tras haber aceptado la invitación que en tal sentido e hizo, a última hora de la noche del lunes, el comité local de su partido.

La resolución del PSOE granadino sobre la dimisión del señor Camacho ha venido a confirmar los intensos rumores que circulaban en Granada al respecto desde el viernes pasado. Se abre, por tanto, una grave crisis en el seno de la Corporación municipal de imprevisibles consecuencias, principalmente debido a la incertidumbre de la postura que ahora adopte el PSA para la elección del nuevo alcalde.Aunque la decisión de los socialistas ha sido explicada por «motivos personales de salud» del señor Camacho, que llegó a sufrir un amago de infarto durante la mañana del viernes, lo cierto es que se trata de una operación única y exclusivamente política, desatada por el polémico tema de Hipergranada y la reticencia del alcalde a firmar la orden de demolición del mismo, como pretende el PSOE.

En una nota informativa hecha pública ayer por los socialistas, éstos daban cuenta de «las enormes dificultades surgidas en el ejercicio de su cargo a Antonio Camacho, cuya situación personal le impide adoptar las decisiones que el mismo requiere». A pesar de no llegar a concretar en qué consiste esa «situación personal» del señor Camacho, en los corrillos políticos granadinos se ha comentado su relación profesional con la Caja de Ahorros de Granada, en la entidad que trabaja como economista desde hace años -ahora en situación de excedencia- y en la que, desde su puesto de subdirector respaldó, al parecer, personalmente avales para la concesión de créditos a algunos de los cooperativistas del hiper. Después de haberse celebrado ayer a lo largo de toda la jornada, la primera tanda de negociaciones entre PSOE, PSA y PCE, la sustitución del alcalde de Granada por otro hombre del PSOE se puede decir que ha quedado en el aire, toda vez que el PSA había anunciado previamente la «falta de vigencia y validez de los pactos municipales del mes de abril, por lo que se asignó la alcaldía granadina para el PSOE a cambio de la de Sevilla».

Arturo González Arcas, actual alcalde accidental, candidato del PSA a la alcaldía, para quien todo el asunto no ha sido más que una «maniobra sucia dentro del PSOE, donde el tema del hiper ha servido como pretexto para desarrollar un complot contra Antonio Camacho», puso ayer en duda, antes de iniciarse las conversaciones tripartitas, los elementos de juicio «que haya tenido el PSOE para pensar que la izquierda va a seguir irremediablemente unida».

Los socialistas, por su parte, pretenden que se respeten los acuerdos de abril respecto a toda Andalucía, con objeto de asegurar la actual correlación de fuerzas en el Ayuntamiento granadino y la continuidad de un alcalde de su partido. Para ellos, la vigencia de los pactos no puede ser ahora cuestionada en Granada, so pena de hacer lo mismo en el resto de las capitales andaluzas, ya que «sólo se va a producir el cambio del nombre y la personalidad del alcalde, pero no de los términos ni de las circunstancias globales que hicieron posible la adjudicación de la alcaldía para el PSOE».

Mientras el grupo de concejales del PCE ha declarado su intención de impulsar la negociación de un programa municipal común a medio plazo, al. tiempo que anunciaba su apoyo al candidato del PSOE, los del PSA no parecen dispuestos a aceptar -«de ninguna manera», según declararon a EL PAIS algunos de sus miembros- la candidatura de Antonio Jara, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento y delegado de urbanismo, que es firme partidario de la demolición del hiper y que cuenta con las máximas posibilidades de conseguir la candidatura a la alcaldía en nombre de su partido. Para ello, sin embargo, sería necesaria además la renuncia del señor Camacho, la de Juan Tapia, segundo en la lista del PSOE en las elecciones del 3 de abril.

Suspendido un acuerdo municipal

El acuerdo del Ayuntamiento de Granada sobre incremento de las retribuciones complementarias a los funcionarios municipales, fuera del salario base, con carácter extraordinario, aprobado en sesión ordinaria del pleno del pasado día 8, ha sido suspendido por el gobernador civil de la provincia, Luis Sánchez Harguindey, por suponer una infracción de las leyes vigentes de Administración local en materia salarial.La Corporación granadina, según se explica en una nota informativa hecha pública por el propio Gobierno Civil, había sido previamente advertida de la ilegalidad del acuerdo puesto a votación, tanto por el secretario general como por el interventor de fondos, sin que ello fuera óbice, sin embargo, para la aprobación final del mismo. El acuerdo incluía, asimismo, una moción de protesta por la vigencia de leyes anteriores a la promulgación de la Constitución y contrarias a su espíritu.