Críticas al proyecto de ley de cuota de pantalla cinematográfica

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su sesión del pasado 19 de octubre, adoptó el acuerdo, a petición del Gobierno, de tramitar el proyecto de ley de regulación de cuota de pantalla y distribución cinematográfica y aplicar el procedimiento de urgencia previsto en los artículos 103 y 105 del reglamento provisional de la Cámara. Los diputados y los grupos parlamentarios disponen de un plazo de ocho días hábiles, que expira el 29 de octubre próximo, para presentar enmiendas al citado proyecto de ley.El mencionado proyecto de ley especifica que «las salas de exhibición cinematográficas estarán obligadas al cumplimiento, dentro de cada año natural, de una cuota mínima de pantalla que se establece a razón de un día de exhibición de película española por cada tres días de exhibición de película extranjera, en versión doblada al castellano o a cualquiera de las diversas lenguas oficiales de España». Por lo que se refiere a la cuota de distribución, el mencionado proyecto de ley señala que las empresas distribuidoras «tendrán derecho a la obtención de un máximo de cinco licencias de doblaje de películas extranjeras a cualquier lengua oficial española por cada película española que acrediten tener contratada para su distribución en las condiciones y con los requisitos que reglamentariamente se determinen».

El punto más conflictivo del señalado proyecto de ley es el que se refiere a las películas que no cubrirán cuota de pantalla ni de distribución. La Asamblea de Directores y Realizadores Cinematográficos Españoles (ADIRCE) facilitó un comunicado en el que denuncian el proyecto de ley, «dejando al Ministerio de Cultura la facultad de regular las cuotas de pantalla y distribución, lo cual es una puerta abierta a todo tipo de presiones. Facultando a ese mismo Ministerio para la implantación de una nueva forma de censura mediante la supresión de toda ayuda a determinado tipo de películas («S», «X» y las constitutivas de delito, lo cual incluso es anticonstitucional). Limitando la capacidad de creación e información cultural al discriminar también a las películas basadas en reportajes o encuestas. Omitiendo todo tipo de medida para la protección de un cine renovador que, naturalmente, comporta mayores riesgos y necesita, por tanto, mayor ayuda».