Las competencias de las FOP, punto conflictivo para el orden público en Euskadi

Los supuestos de intervención de las fuerzas de seguridad de, Estado en el orden público interno del País Vasco conforman uno de los puntos más conflictivos y discutidos del Estatuto de Autonomía de Euskadi. En la negociación de su texto en Madrid los apartados relativos a este tema sufrieron algunas modificaciones, que han establecido cautelas del poder central respecto a la autonomía policial vasca. Por otra parte, es una incógnita la acogida que tendrán las futuras fuerzas policiales autonómicas, que deberán ser muy bien organizadas. Desde Bilbao escribe Javier Angulo.

La negociación del Estatuto de Guernica en la ponencia constitucional y, paralelamente, en la Moncloa reformó sustancialmente y amplió el artículo 17 con tres nuevos apartados del texto original referidos a orden público. Se impuso a los vascos una serie de «retoques», que pueden ser de trascendental importancia en un futuro próximo. La primera imposición de UCD surge en el apartado quinto que se incorporará en el texto definitivo y que supone una variación notable del concepto de policía autónoma con que partía el Estatuto originario de Guernica. En el citado apartado se señala que inicialmente las policías autónomas estarán constituidas por el cuerpo de miñones de la Diputación de Alava -existente en la actualidad- y los cuerpos de mikeletes y miñones dependientes, respectivamente, de las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya, que se restablecen.«Posteriormente», prevé el texto añadido, «las instituciones del País Vasco podrán acordar refundir en un solo cuerpo los mencionados cuerpos o proceder a su reorganización precisa para el cumplimiento de las competencias asumidas.»

Más importante y decisiva es aún la sustancial variación que el Gobierno hizo al apartado séptimo, referido a los casos en que las fuerzas de seguridad del Estado pueden intervenir, en materia de orden público, en la comunidad vasca. Del texto original se mantiene el supuesto de intervención por deseo del propio Gobierno vasco («cesando la intervención a instancias del mismo»). El segundo supuesto de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado («por propia iniciativa cuando estimen que el interés del Estado está gravemente comprometido») ha sido sensiblemente retocado con respecto al texto que llevaban los vascos. En el mismo se decía que dicha intervención se vería necesitada, en todo caso de la aprobación, por mayoría de dos tercios, de una junta de seguridad, integrada por un número igual de autoridades y representantes del Gobierno vasco, y el español era un obstáculo que, en la ponencia redactora del texto inicial, había logrado colocar el PNV a la intervención en el territorio vasco de las fuerzas de seguridad del Estado. En la negociación, el Gobierno lo neutraliza borrando esa condición del texto definitivo, que únicamente habla de «necesaria aprobación de la junta de seguridad» (sin referirse al tipo de votación necesaria).

Intervención controlada por el Gobierno

Pero aún hay una nueva imposición del Gobierno, concretada en la inclusión de un tercer supuesto -que no aparecía en el texto original-, en el que se señala que «en supuestos de especial urgencia, y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, las fuerzas de seguridad del Estado podrán intervenir en el territorio autónomo vasco bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales, las cuales, a través de los procedimientos constitucionales, podrán ejercitar las competencias que les correspondan».

El presidente Suárez logró reformar también el artículo 17 del texto original, con unafórmula retardataria. Así, la disposición transitoria cuarta dice que la junta de seguridad, y no el Gobierno vasco directamente, determinará el estatuto, reglamento, dotación, composición numérica, estructura y reclutamiento de los cuerpos de policía autónoma. Dentro de esta misma disposición transitoria, el Estado se reserva el control de licencia de armas.

Estos retoques y sustanciales variaciones que en materia de orden público y policía autónoma ha impuesto UCD al Estatuto original vasco se consideran en cierta manera como parte del pago que los parlamentarios de Euskadi, y en especial el PNV, han debido pagar a cambio de ver aprobado con la urgencia que deseaban su Estatuto. Carlos Garaikoetxea reconoce que con realismo político, y a su pesar, «tuvimos que aceptar cosas que no nos gustan». No teme el señor Garaicoetxea el segundo supuesto de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado «por iniciativa propia», «porque en ese caso», señala, «existe unajunta de seguridad que deberá aprobar por mayoría relativa -mitad más uno- dicha intervención».

«Al ser la junta paritaria y no contar con presidente, tenemos aún posibilidades de controlar esta actuación.» Considera el actual lendakari del Consejo General Vasco que, desde la óptica autonomista, lo más grave que han tenido que aceptar los negociadores vascos es el supuesto de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, «bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales». «Eso», comenta Carlos Garaicoetxea, «supone, de alguna forma, que en última instancia el control del orden público en Euskadi puede recaer en el Parlamento.»

Para Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, el tercer supuesto de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado es también doloroso, «el menos deseable y grato desde la óptica autonomista».

No habrá desarmonías fundamentales

En desacuerdo con el dirigente de Herri Batasuna, Txomin Ziluaga, que califica este supuesto de intervención como «espada de Damocles para Euskadi», Roberto Lertxuridi, secretario general del PC de Euskadi, cree que el Estado tiene que tener garantías de salvaguardia. «De todas formas», añade, «creo que las posibilidades de intervención del Estado en Euskadi quedan, de hecho, muy limitadas. Salvo en situaciones enormemente conflictivas entre los poderes vasco y estatal no se van a dar desarmonías fundamentales.»

Para el comunista Lertxundi, el Estatuto vasco acierta al prever que las FOP no se retiren por completo de Euskadi. «El eslogan», afirma, « Que se vayan, es una historia. Tras la redistribución de competencias va a quedar muy limitada su presencia, pero se les necesita en servicios extra y supracomunitarios.» En principio contrario a la permanencia de las FOP en Euskadi, el PNV se vio obligado a aceptarla el día en que acordó redactar un Estatuto en el marco de la Constitución, ante la que se había abstenido en el referéndum correspondiente. También debió aceptar, aunque a regañadientes, Euskadiko Ezkerra (coalición que aún abandera el eslogan «Que se vayan») la presencia de las FOP en el territorio de la comunidad.

«Si no existiera la Constitución y no existiera el Estatuto de Guernica que hemos aceptado globalmente, y a mí me dijeran que redactara un proyecto de policía autónoma, haría una sola policía bajo la dirección y control del Gobierno vasco. Esta sería la única policía en el territorio de Euskadi, y ninguna otra, salvo en situación de guerra», sentencia Juan María Bandrés.

Más extensa es la postura de Herri Batasuna, que pide como una de las vías de solución al problema de orden público en Euskadi la salida de las FOP del territorio vasco. «Para nuestra coalición», señala Txomin Ziluaga, «la retirada escalonada y a plazo fijo de las FOP y su sustitución por una verdadera policía autó noma- autóctona, emanada de un verdadero Estatuto nacional, que no es el de Guernica, es el punto central de nuestro programa. Mientras las FOP no se vayan no habrá paz en Euskadi. Para nosotros es clave este aspecto, porque supondría una ruptura democrática y, en definitiva, la ruptura con el pasado franquista. Todo lo demás son salidas que no solucionan los problemas de orden público en nuestra tierra. En Euskadi hoy hay dos policías, la que llaman Nacional y la Parapolicial. IYespués del 25 de octubre habrá tres policías. Sobra policía y faltan soluciones. El que nuestra postura en torno a este tema no se contemple en el Estatuto de Guernica es motivo suficiente para rechazarlo.»

El hecho de que la formación definitiva de la policía autónoma precise de una fase previa de restauración de «policías provinciales», dependientes de las diputaciones, aunque con el mando supremo del Gobierno vasco, provoca reticencias en casi todos los grupos políticos. La mayoría, sin embargo, lo ven como un mal menor.

Sin embargo, hasta la puesta en marcha de estas primeras policías se ven en Euskadi problemático y poco satisfactorio el papel asignado a la junta de seguridad en la disposición transitoria cuarta. «No es justo», dice Bandrés, «que sea esa junta y no el propio Gobierno quien decida el reglamento, número de competentes, armamento, estructura y reclutamiento de las policías vascas. »

Aún va más lejos el diputado socialista Txiki Benegas, al criticar duramente la imposición de esta disposición transitoria. «El hecho de que Suárez», afirma, «impusiera la creación de la policía vasca en dos fases y dejara en manos de la Junta, en la que tienen representación paritaria, su puesta en marcha significa que el Gobierno tiene aún en sus manos, por un largo tiempo, el control del orden público en Euskadi. Todo se remite a una nueva negociación que, en vez de real-izar la comisión mixta, recién formada, llevará acaso, quizá la junta de seguridad. Hay que renegociarlo todo, excepto -y no es poco- que el mantenimiento del orden público en Euskadi es competencia del Gobierno vasco. Pero sería un grave error alargar la primera fase. Euskadi necesita en seguida una política autónoma única, fuerte y controlada por el Gobierno vasco. »

Después del 25 de octubre

La posible acogida que las convocatorias para cubrir plazas en las policías autónomas tengan entre la población, y la propia aceptación del pueblo vasco de aquellas, son hoy por hoy dos grandes incógnitas que se plantean de cara a un futuro próximo las fuerzas políticas pro Estatuto en Euskadi y, en especial, el hegemónico PNV.

Los cuarenta años de represión franquista y posteriores errores de la policía de la reforma han conformado un País Vasco desconfiado ante cualquier policía, aunque se la etiquete de vasca. En Euskadi aún está vigente el axioma orden público, iguala represión. Este hecho complica la labor de las personas que en su día tengan que formar una policía vasca. «Habrá que ver si se cubren las plazas», afirma el director de Interior del CGV, señor Epalza. «El pueblo vasco ha sido siempre poco aficionado a hacer de policía. Aunque yo quizá ya no ocupe este puesto en el primer Gobierno vasco y, a expensas de lo que en su día decida la junta de seguridad, creo que tras la convocatoria de plazas para las policías provinciales se realizarán unas pruebas de selección muy fuertes. No se trata de sacar a la gente del paro, no dar entrada a marginados. Habrá que ser exigentes para que nuestra policía no haga burradas.» Remacha esta idea Carlos Garaikoetxea, que recuerda cimo «el principal recelo del Gobierno en la formación de las policías provinciales, de ahí el control a través de la disposición transitoria, ha sido y es la infiltración de ETA en la policía vasca».

Considera José Manuel Epalza que entre los aspirantes al puesto de policías en igualdad de condiciones el conocimiento del euskera será un punto favorable. Piensa asimismo que la formación de los nuevos policías se hará con expertos «traídos de fuera».

«En Euskadi tenemos muchos ingenieros industriales y electrónicos, pero ninguno experto en materia policial», corrobora Carlos Garaikoetxea.

«Mientras los nuevos policías no estén bien rodados», señala el señor Epalza, «no podrán efectuar funciones de orden público. Esta fase de aprendizaje puede llevar medio año. Cuando estén las policías provinciales ya rodadas es cuando puede producirse la reunificación y la absorción de todas las competencias. Este objetivo no creo que pueda lograrse antes de un año. »

Tanto Carlos Garaikoetxea como José Manuel Epalza- coinciden al afirmar que hace falta mucho dinero para pagar una policía autónoma. «Cada policía», dice José Manuel Epalza, «puede costar, tirando por bajo, más de un millón de pesetas al año.» «Las policías», precisa Carlos Garaikoetxea, «no van a suponer un elevado gasto, que sólo podremos cubrir si tenemos unos conciertos económicos aceptables y una hacienda autónoma que funcione. Sin ellos, de nada sirve la autonomía.»