Ley marcial y violentos disturbios en dos ciudades surcoreanas

El Ejército surcoreano ha tomado la ciudad industrial de Masan, donde continúan las manifestaciones antigubernamentales a pesar de la proclamación de la ley marcial por el presidente Park Chung Hee. En la ciudad portuaria de Pusan, segunda en importancia del país, con tres millones de habitantes, y también bajo la ley marcial, han sido detenidas más de quinientas personas.

Corea del Sur se ve sacudida desde hace cuatro días por una ola de protestas populares que es la más importante desde que, en 1960, las manifestaciones antigubernamentales derrocaron al presidente Syngliman Ree. La falta de resultados a pesar de la vigencia del toque de queda preocupa al aparato gubernamental surcoreano.Las manifestaciones, fundamentalmente estudiantiles, coinciden con el séptimo aniversario de la Constitución surcoreana, que da al presidente poderes casi absolutos. Se producen dos semanas después de que el jefe de la oposición, Kini Young-sam, fuera expulsado de la Asamblea Nacional, lo que provocó la dimisión inmediata de iodos los diputados de su partido.

El mando militar dio a conocer, el martes por la noche, la lista de seis estudiantes y obreros que, según las autoridades, hirieron a 73 agentes de policía. La declaración constituyó aparentemente un intento de tranquilizar a la población, dando a entender que nadie había muerto.

El portavoz castrense nombró a los heridos de ambos bandos, en lo que supuso un intento de hacer creer a la población que las autoridades no tenían nada que esconder.

Aunque fragmentarios, los informes más recientes de los manifestantes, basados en una suma de las detenciones diarias en Pusan, estiman que unas 550 personas fueron apresadas.

Los soldados pueden controlar fácilmente a los estudiantes durante el día, y se les ve pasear en la zona marítima de la ciudad y en las calles cercanas, así como en los mercados. Pero, por la noche, el alumbrado público es reducido para ahorrar energía, y el ambiente es mucho más tenso.

Las continuas reuniones callejeras de estudiantes constituyen un auténtico desafío a las autoridades encargadas de imponer la ley marcial, y un reto al Gobierno, en un país donde las manifestaciones están totalmente prohibidas.