Un sector de la extrema izquierda ofrece su cooperación a la Junta salvadoreña

Las Ligas Populares 28 de Febrero, una de las organizaciones más activas del Frente de Acción Popular Unificada (FAPU) y protagonista, junto con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de los violentos incidentes producidos en El Salvador durante los días pasados, anunciaron en la mañana de ayer que habían reconsiderado su posición con respecto a la Junta Revolucionaria de Gobierno y que ofrecían su apoyo al sector progresista del movimiento. Señalaron igualmente que hablan suspendido todas las acciones prácticas, tales como ocupación de barrios. Un pronunciamiento similar podría producirse por parte del ERP.

Tan sólo tres horas antes, cinco autobuses ardían en el centro de la capital. Simultáneamente, un coronel del Ejército caía muerto por los disparos realizados por un grupo de desconocidos. La comisión política de las LP-28, que suministró la información, aseguró no tener ninguna responsabilidad en la muerte del coronel y .reconoció que tanto la quema de autobuses como los incendios producidos en la noche del jueves en subestaciones eléctricas de San Salvador eran acciones programadas previamente, que no se pudieron evitar por un problema de incomunicación.El diametral cambio de actitud de este grupo izquierdista se produce de forma sorprendente y parece significar un margen de confianza para la junta revolucionaria que derrocó al régimen del general Romero. Los atentados de anteanoche y los incidentes de ayer por la mañana habían hecho pensar a los observadores que las organizaciones ultraizquierdistas no concederían ninguna tregua a las nuevas autoridades.

Los dirigentes de las Ligas Populares reconocieron que inicialmente se habían puesto en contra del golpe militar en virtud de la tradicional desconfianza popular ante cualquier acción de las fuerzas armadas salvadoreñas, pero que las declaraciones iniciales de la junta y algunas de sus acciones concretas hacían necesaria una reconsideración de esa postura. Admitieron que las nuevas circunstancias eliminaban prácticamente la necesidad y la oportunidad de una insurrección popular.

En la tarde del jueves, en rueda de prensa ofrecida a un centenar de periodistas, la mayoría extranjeros, los tres civiles y dos militares que configuran la cúspide del poder salvadoreño trataron de ofrecer nuevas pruebas sobre la sinceridad de sus propósitos democráticos. Anunciaron la formación de una comisión especial que investigará el paradero de desaparecidos, la situación de los presos políticos (que serán liberados en los próximos días, de acuerdo con el decreto de amnistía dictado por la Junta) y las innumerables denuncias de asesinatos y torturas realizadas por organismos de seguridad de Gobiernos anteriores y organizaciones paramilitares.

Sorprendió a los informadores la afirmación del coronel Gutiérrez cuando, ante la insistencia de las preguntas sobre la situación de los presos políticos en el país, respondió: «Ojalá tuviéramos un preso político, para poder liberarlo inmediatamente. » Esta frase, que no tuvo posteriores aclaraciones, podría tener relación con las versiones circuladas en las últimas horas sobre supuestas matanzas en las cárceles salvadoreñas en las confusas horas que precedieron al triunfo del golpe militar.

Aunque los miembros de la Junta declinaron señalar fechas concretas, aseguraron que su propósito era realizar elecciones presidenciales antes de que finalice el año 1980, para lo que se abrirá inmediatamente un registro de partidos políticos. Se hizo una invitación a todos los grupos, sin excepción, para que se inscribieran en dicho registro, que establecerá como única condición el respeto a las normas del juego democrático.

La Junta anunció el inmediato establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, la intención de normalizar la situación con Honduras (país con el que El Salvador combatió hace quince años) y anunció que había recibido muestras de simpatía por parte de las autoridades nicaragüenses.

Para cumplir las iniciales promesas de reestructuración profunda de los cuerpos de seguridad del Estado, el coronel Majano anunció los nombres de los nuevos directores de la Guardia y la Policía Nacional.

La gran derecha salvadoreña, detentadora del poder durante más de cuarenta y cinco años mediante sucesivos Gobiernos militares, sigue sin hacer oír su voz. La Agrupación Nacional de Empresarios ha mantenido largas reuniones en estos días, pero no ha habido un pronunciamiento concreto todavía. Sí lo ha hecho la Federación de la Pequeña Empresa, que ha ofrecido su apoyo y respaldo a las nuevas autoridades.

En el mismo sentido se ha manifestado José Napoleón Duarte, uno de los pocos líderes políticos con arraigo popular de El Salvador. Duarte, dirigente de la Democracia Cristiana salvadoreña, anunció desde su exilio en Caracas su inmediato regreso al país, y pidió a sus compatriotas confianza y apoyo para la Junta Revolucionaria de Gobierno, cuya proclama inicial alabó y respaldó.