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Cinco centros de formación de adultos siguen cerrados por falta de profesores

Los alumnos de los centros de educación permanente para adultos de cinco centros sociales madrileños continuarán sin poder asistir a clase hasta que el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, arbitre una solución para el conflicto, según se puso de manifiesto en una reunión celebrada durante la mañana de ayer en el Gobierno Civil, y a la que asistieron los delegados provinciales de Cultura y Educación.La situación fue comunicada por la tarde a los afectados en una tensa y larga entrevista con el delegado de Cultura, señor Albadalejo. Este informó de que, tras un mes de retraso en el comienzo de las clases por falta de profesorado, se ha llegado a un punto en el que la confusión de competencias es tal que la solución debe ser arbitrada por una autoridad superior.

El conflicto de los centros sociales consiste en que en cinco de ellos -Hortaleza, Pan Bendito, Tetuán, Canillejas y Entrevías- no se cuenta con profesorado para las clases de adultos, dieciocho en total, porque la Delegación de Educación no acepta los nombres propuestos por la Delegación de Cultura y, por un acuerdo marco para el funcionamiento de estos centros sociales, no pueden nombrarse profesores para estos centros sin su visto bueno. Sin embargo, los profesores admitidos presentes en la reunión con el señor Albadalejo, y que son el mismo equipo que se contrató el pasado año, plantean que el problema de fondo es terminar con la participación vecinal en estas escuelas de barrio. «Las propuestas de Cultura tienen que recoger los nombres de profesores que plantee la coordinadora -órgano vecinal de gobierno de estos centros-, y luego Educación se encarga de aprobar estos nombramientos. El pasado año, todos los profesores éramos gentes de la misma barriada en la que teníamos que dar clase, y por eso nos propuso la coordinadora vecinal. Ahora, los organismos oficiales han visto un fantasmal peligro en este tipo de funcionamiento, y está claro que quieren terminar con el invento.»

Por su parte, el gobernador civil explicó a EL PAIS que su mediación en el conflicto se debe exclusivamente a que las dos delegaciones provinciales -Educación y Cultura- han llevado el problema hasta un punto en el que no hay salida posible. «Algunos de los profesores propuestos por Cultura», prosiguió, «no reúnen las condiciones debidas», aunque no especificó si los nombramientos son contrarios a la normativa legal. Finalmente, el gobernador afirmó que en el plazo de dos días tendrá una solución para el tema.

Mientras las soluciones llegan, las coordinadoras vecinales de los centros afectados proseguirán sus encierros y asambleas, sin descartar el paso a otras acciones más duras, a fin de que sus exigencias sean atendidas. «Son más de seiscientos alumnos sin clase», asegura, «en espera de que se dé salida a un problema puramente burocrático.»

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