El inquilino, beneficiario de dos proyectos de ley sobre vivienda

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Jesús Sancho Rof, presentó ayer en Madrid los proyectos de ley de la protección pública de la vivienda y de ley de valoración de suelos. El primero contiene una normativa con clara vocación de protección al inquilino. En el segundo proyecto se prevé que el valor del suelo sea el mismo a efectos urbanísticos y fiscales.

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo adelantó ayer que el proyecto de ley de la protección pública de la vivienda consta de cien artículos que contemplan la promoción y ordenación de las condiciones para el disfrute de la vivienda adecuada; la mejora y rehabilitación de las viviendas ya existentes; la dotación de ayudas a personas con necesidad de adquirir viviendas y la consideración de protección del entorno inmediato de la vivienda.En el proyecto de ley se otorga a los ayuntamientos la facultad de conceder la cédula de habitabilidad, facultad que hasta ahora ostentaba el Ministerio de Obras Públicas, y antes el de la vivienda.

Adelantó el ministro de Obras Públicas que el proyecto considera promotores especiales a los patronos de casas, empresas que construyan viviendas para los empleados y cooperativas que construyan viviendas para alquiler. Asimismo, la ley consideraría promotores preferentes a los que construyan viviendas para propio uso, a los que construyen para hacer arrendamientos, para vender a un precio limitado y a aquellos que utilicen técnicas nuevas en la construcción tendentes a la reducción de energía de consumo en las mismas o que se distingan por su protección al medio ambiente.

Adquirentes preferentes, en el texto del proyecto de ley, se consideran a aquellos cuyos ingresos anuales son, al menos, inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional, los que han sido expropiados de su vivienda o los que disponen de unas viviendas por debajo de las condiciones de habitabilidad mínima que fija la ley.

El proyecto de ley contempla también la creación de dos nuevos organismos: el instituto de Protección Pública de la Vivienda -que refunde los tres institutos actuales que se ocupan del tema- y el Centro de Estudios de la Vivienda y Edificación, que tiene carácter técnico. Asimismo prevé la creación de una Comisión Superior de Planificación de la Vivienda en la que estarán representados el Estado, los entes autonómicos y las corporaciones locales.

El ministro de Obras Públicas, Jesús Sancho Rof, adelantó también que se constituirá un registro del número de viviendas de protección oficial, construidas con fondos públicos en cada ayuntamiento, que no podrán ser objeto de arrendamientos forzosos.

El proyecto de ley de protección pública de la vivienda establece la rehabilitación de viviendas antiguas -cuarenta años, para aquellas de propiedad privada y plazo a convenir para las de protección pública- que podrá instarla el propio inquilino o el propietario o los propios inquilinos cuando, constituidos en comunidad de afectados, representen al 80% de los mismos.

Para hacer factible la citada ley se establecen créditos del Estado y cantidades a fondo perdido. Los bancos y cajas de ahorros destinarán un fondo para viviendas protegidas.

El ministro de Obras Públicas destacó en la presentación del proyecto de ley de valoración de suelos que en el texto de la misma se prevé que el valor del suelo sea el mismo a efectos urbanísticos y fiscales.

En el citado proyecto de ley se establece el derecho de tanteo y retracto adaptado a las necesidades de las corporaciones locales y el sistema de ejecución forzosa, que agiliza y aumenta la posibilidad de actuación pública con garantías. Asimismo aumenta los supuestos de expropiación y se faculta el pago de expropiaciones en aprovechamiento urbanístico.