El Consejo Económico y Social

Diputado por Madrid del PSOE

En el debate sobre el Programa Económico celebrado recientemente en el Congreso, la única propuesta de resolución socialista aceptada por el Partido del Gobierno ha sido la referente al envío en este mes de un proyecto de ley creando el consejo previsto en el artículo 131 de la Constitución. Aunque en la misma no fue bautizado, se ha ido extendiendo la denominación de Consejo Económico-Social, y como tal figura en el apartado 10 de los acuerdos concertados en julio entre UGT y la CEOE. Pero lo importante no es la denominación, como tampoco lo será el palacio o edificio que se le destine en su día. Lo que reviste verdadero interés es la creación de un marco para, como dicen los mencionados acuerdos, «las distintas fuerzas sociales dispongan de un terreno común en el que pueda producirse el diálogo y la negociación que pudiera afectar a los grandes temas económico-sociales». Hay que señalar, además, que la Constitución relaciona este Consejo con la elaboración de los proyectos de planificación, en colaboración con las comunidades autónomas y con «el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas».

A esta propuesta se ha venido a añadir la de UGT de plantear la negociación de un convenio-marco para regular las relaciones fundamentales entre los interlocutores sociales. La misma ha suscitado un considerable grado de expectación, y se inician ya las tomas de posición entre las diversas fuerzas sociales, sindicales y políticas. Pero ¿cuál es el alcance real de estas propuestas, que guardan relación entre sí y con el marco de desarrollo político del país? El criterio fundamental es, en mi opinión, el que, como señala Pierre Mendes-France, «no hay que perder de vista nunca que la construcción de una democracia moderna sólo se puede hacer progresivamente y por etapas, que sus órganos sólo pueden ser definidos y puestos a punto paulatinamente. Y ello es verdad, cualesquiera que sean las condiciones de la llegada de la democracia, sea por evolución continua, sea por saltos » (La republique moderne, página 100).

La estrategia socialista frente a la crisis

Desde 1077, el análisis socialista consideraba la cuestión económica como una de las fundamentales a resolver para consolidar la democracia y para transformar el país. La absoluta ineptitud de los Gobiernos de la transición para comprender el alcance de la crisis del capitalismo y las repercusiones concretas de la crisis energética hacían muy urgentes medidas de excepción para hacer frente a la situación, aun antes de haberse consolidado las fuerzas sociales. Por ello, el PSOE fue parte firmante de los pactos de la Moncloa, introduciendo en los mismos las negociaciones sectoriales, con un triple criterio: el forzar la democratización y la mayor eficacia de la Administración del Estado, adoptar medidas defensivas para la clase trabajadora frente a la crisis y considerar que las soluciones, en una situación cuya superación sólo puede venir a largo plazo, han de ser aplicadas de modo gradual. En 1978, con sindicatos y organizaciones patronales, se organizó un complejísimo proceso de negociación que acabó en el fracaso, con la adopción por parte del Gobierno de medidas autoritarias en la fijación de la evolución salarial.

En este año, y tras un esfuerzo de racionalización de su línea política, el Gobierno ha presentado el Programa Económico, en el cual considera como pilares básicos de su estrategia de política económica la adaptación del sistema de relaciones industriales, a partir del estatuto de los trabajadores, y la puesta en marcha del Programa Energético Nacional (PEN). Con respecto a éste, que merece tratamiento aparte, su planteamiento no es muy realista, y la actitud gubernamental de sustraer la información y las decisiones al Parlamento guarda estrecha relación con las respuestas concretas con que se va encontrando la aplicación de su Plan, apenas ha iniciado su puesta en marcha. Sobre las decisiones que afectan a Valdecaballeros y Trillo, no hubo ninguna información concreta en el Parlamento.

¿Qué pasa con el primer pilar? En el estatuto de los trabajadores, los acuerdos entre UGT y PSOE han supuesto un paso importante para limar los problemas, en una situación en la que incluso el PCE ofreció en el Congreso la posibilidad de negociar. Si esta es la voluntad general, no se comprenden bien los titubeos y los retrasos que afectan a cuestiones técnicas del estatuto. Porque si bien es cierto que los derechos sindicales básicos están consagrados en la Constitución, no es menos cierto que no se puede suscribir la rotunda afirmación del PEG cuando afirma que «vivimos en un sistema de libertades políticas y democracia que permiten a los trabajadores la defensa abierta de sus intereses». Eso está consagrado constitucionalmente, no está vigente plenamente. Esta realidad tiene una incidencia plena en una situación económica en la que los salarios no son variables independientes, y en la que es de trascendental importancia disponer de elementos de negociación sectorial, regional y global para poder ir haciendo la reasignación de recursos que se está produciendo en nuestro sistema productivo con los menores afectos traumáticos para el empleo y la estabilidad en el poder adquisitivo.

Y ello necésita de una palabra que adquiere un valor mágico en boca del Gobierno: de flexibilidad. Pero en sí la flexibilidad no es un valor propio, sino que se refiere a algo, y ello sólo puede ser un sistema de relaciones industriales y de negociación y toma de decisiones que permita adoptar las medidas que nos permitan superar la crisis energética y, al mismo tiempo, la crisis ideológica y política. En este sentido, la planificación (o la programación, palabra que parece tener mejor aceptación en los círculos directivos empresariales y guberríamentales) no es la decisión de cantidades físicas, sino un proceso de decisión política sobre la asignación del producto nacional bruto por sectores económicos, funcionalmente y en su distribución regional; sobre la inversión y elgasto público; sobre la política monetaría y crediticia; sobre los ingresos personales y sociales, y sobre los beneficios cualitativos del desarrollo.

El papel del Consejo

En este contexto, y sabiendo que es preciso un nuevo modelo de desarrollo, sobre todo si se quiere profundizar la democracia y luchar contra la inflación y el desempleo estructurales, es imprescindible el establecer mecanismos de elección coherente y democracia de las prioridades sociales, y un aspecto esencial del mismo es el disponer de un sistema permanente y flexible de negociación del cambio, lo cual exige, de modo especial, el extender el papel de los sindicatos más allá de la negociación tradicional sobre salarios y condiciones de trabajo. Al tiempo, requiere cambios institucionales profundos, y en particular, entre los tres actores principales económicos y sociales: el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Este es el papel que debe llenar el Consejo, frente al que sólo se puede objetar la mortecina existencia de su antecesor francés, dado que la visión española de los problemas se suele establecer con la visión provinciana de imitar siempre a nuestros vecinos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los países que han sido capaces de reaccionar con mayor rapidez a la crisis -Alemania Federal y Japón- cuentan con sistemas que, si no son modélicos, sí permiten, sobre todo en el primero, con la aplicación de la ley «sobre estabilidad y expansión de la economía», de 1967, y la experiencia de la posguerra, de mecanismos de negociación y equilibrio que serían considerados como colectivistas por nuestros defensores de la «economía social de mercado». En países como Austria, que, pese a su pequeño tamaño y su falta de recursos propios, tienen los más bajos índices de desempleo e inflación, también existen mecanismos de negociación y concertación avanzados.

La creación del Consejo Económico y Social es, pues, una decisión estratégica para superar la crisis y consolidar la democracia. Ya no basta con afirmar que «la prosperidad está a la vuelta de la esquina», como hacía Hoover, apelando a la capacidad regenerativa del mercado. Ahora bien, su creación no es sólo un trabajo propio de una ley que vaya a añadir una institución más al panteón de las fenecidas en nuestra historia, es preciso crear la mentalidad y los mecanismos democráticos que la hagan posible.

En este sentido, la labor es paralela: junto a la necesaria actuación política y legisladora, hay que ir avanzando en experiencia como la negociación de convenios-marco, que no son meros pactos sociales, e ir fortaleciendo nuestras nacientes organizaciones sindicales, empresariales, las representaciones regionales y las organizaciones de consumidores. Con un funcionamiento eficaz de las mismas, no se evitarán los conflictos, pero sí se podrán establecer mecanismos de diálogo, de acuerdo y de desacuerdo. Por último, hay que señalar que esta tarea no es una vuelta al corporativismo, porque el Consejo no debe suplantar a las Cámaras legislativas en su exclusiva función de legislar, sino en una línea de construcción de una democracia que sea capaz de arriagar en España y de sobrevivir a la crisis.